A continuación el texto completo del discurso del compañero Mario Almanza, Coordinador y Secretario General del Movimiento de Maestros Independientes Auténticos (AMIA).

Buenos Días

Compañeros y Compañeras

Hoy es un día importante para el movimiento social panameño en su lucha por detener la embestida del modelo neoliberal que se ha caracterizado por ser avasallador de las conquistas y reivindicaciones de los sectores populares; excluyente de los sectores campesinos, indígenas y obreros; pauperizador de las condiciones de vida de los sectores profesionales (médicos, educadores); devastador del ambiente y mercantil de la riqueza natural de nuestros países; empobrecedor de las mayorías en el mar de riquezas que circulan por el mundo para favorecer a unos pocos.

La Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, nace al calor de estas luchas en el 2008, cuando producto de un encuentro de la misma magnitud del que hoy celebramos, los sectores organizados comprometidos con los intereses del movimiento social panameño, decidimos movilizarnos de manera unitaria para enfrentar las embestidas del gobierno de turno de Martín Torrijos.

Acudimos a la Presidencia de la República en agosto de 2008, para presentar un pliego de las 15 demandas más sentidas de la población panameña: en materia laboral (salario, pensiones, pago de las partidas del XIII mes adeudadas a los empleados públicos, condiciones de trabajo y seguridad ocupacional, respeto a la plena libertad sindical y respeto al pleno derecho a la sindicalización de todos los trabajadores del país, eliminación del sindicalismo amarillo y el sicariato); en materia ambiental (rechazo a la venta de la patria, a los proyectos hidroeléctricos y mineros, a la entrega de nuestros recursos naturales); en materia de transporte (servicio de transporte público seguro y eficiente, rechazo a la monopolización del mismo vía transmóvil-metro); rechazo a la privatización en cualquiera de sus manifestaciones en las áreas de salud, educación, servicio de agua potable y recolección de basura, así como contra cualquier intento de venta de las acciones de las empresas estatales del antiguo IRHE e INTEL y a favor de la Re-Nacionalización de estas empresas;  a favor de una política energética nacional que controle los precios y nos libere de la voracidad de las grandes transnacionales petroleras y sus socios locales; atención de los problemas comunitarios básicos; suspensión de las campañas de desprestigio, persecución, intentos de chantaje y compra y violencia contra educadores, médicos, obreros, estudiantes y cualquier fuerza popular; justicia para los compañeros del SUNTRACS asesinados: Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith; y para las víctimas del dietilenglycos y a los calcinados en el bus en la Martín Sosa. En las demandas presentadas se planteó además,  la inmediata rebaja y congelamiento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad y de la canasta básica familiar.

Finalmente demandamos el fin de la corrupción, del nepotismo, del robo, los negociados y la impunidad.

Las 15 demandas sociales presentadas eran viables toda vez que se enmarca en lo estatuido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los preceptos Constitucionales y sobre todo en el sentir de una población que lucha por su derecho a una vida digna. Los recursos financieros existen, basta con destinar parte del excedente canalero para atender las principales demandas sociales de la población.

En septiembre de 2008, acudimos al Órgano Legislativo a presentar un grupo de propuestas para que fueran consideradas como Ante-Proyectos de Ley, en el marco de lo que se conoce como «Iniciativa Legislativa Popular»:

1.    Por el cual se decreta un aumento general de salarios, se rebaja, congelan y controlan los precios de los productos y servicios que forman la canasta básica familiar.

2.    Por el cual se ordena el Pago de XIII Mes adeudados y los intereses y recargos respectivos.

3.    Por el cual se decreta la no privatización de los servicios públicos de salud, educación, suministro de agua, áreas de importancia y utilidad ambiental y del trasporte público colectivo

Para este efecto nombramos una comisión técnica que en conjunto con los asesores de la Asamblea de Diputados diera el carácter técnico para ser presentado al seno del Órgano Legislativo.

El esfuerzo del gobierno sólo debía consistir en la aprobación de los Proyectos de la Iniciativa Legislativa Popular en Leyes de la República. Sin embargo, ningún diputado (ni de gobierno, ni de oposición) dio atención para la discusión de los proyectos.

La indiferencia, el menosprecio y el actuar a favor de los grandes consorcios multinacionales y nacionales, así como de los intereses personales, hicieron que el gobierno del PRD encabezado por Martín Torrijos y la Asamblea de Diputados engavetara los anhelos del pueblo.

En el marco del accionar de la Coordinadora se realizaron también foros, visitas a otras organizaciones y medios de comunicación social. Realizamos una gran marcha a nivel de la ciudad de Panamá y realizamos la huelga de advertencia, la cual hoy se mantiene vigente frente a la acometida del nuevo gobierno.

Logramos detener el proyecto privatizador de la salud bajo el esquema de Sistema Público Unificado de Salud (SPUS); el proyecto de transformación curricular por competencias que mercantiliza la educación; se suspendió el negociado del transmóvil.

Pero el poder económico, político y mediático, sumergió al pueblo en la farsa electoral. Una campaña multimillonaria que sembró falsas promesas.

Para algunos panameños, dada las promesas electorales, el arribo del nuevo gobierno debía constituir el inicio de la atención de sus principales demandas sociales, pero sobretodo, una ruptura con las políticas antipopulares que venía ejecutando el gobierno anterior. A seis meses de asumir el gobierno de Ricardo Martinelli la conducción del Estado, se pone a flor de piel lo que diversas organizaciones del movimiento popular señalaban, «la acción del nuevo gobierno estaría dirigida a favorecer los intereses de los grupos de poder económico, encubiertos en una focalizada acción mediática para mantener popularidad, y no a dar respuesta de solución real a los problemas que aquejan al pueblo panameño».

El nuevo gobierno intenta retrotraer los proyectos privatizadores; sigue aprobando los proyectos depredadores del ambiente y reprime a los pueblos originarios y comunidades campesinas que se niegan a ser expulsados de sus tierras, al igual que persigue a los ambientalistas; niega justicia a los familiares y víctimas de envenenamiento con dietilenglyco; continua la política de nepotismo y corrupción, se mantiene el nombramiento de familiares, amigos, compadres, socios y copartidarios en puestos claves (Ver caso de los ungidos a la Corte Suprema de Justicia, a la CSS y a la Contraloría); se insiste en imponer el mismo modelo educativo elaborado por las autoridades del gobierno del PRD (Ministro Miguel Ángel Cañizales), que generó la huelga del 2006; se sigue lesionando los derechos de los trabajadores; continúa la política de despidos masivos de funcionarios públicos; se violenta el derecho a plena libertad sindical y se irrespeta el pleno derecho a la sindicalización de todos los trabajadores del país;

Sobre el costo de vida y niveles de salario, todas las medidas emprendidas por el actual gobierno giran a favorecer a la empresa privada. Así el costo de la vida sigue incrementándose, principalmente en alimentos, combustible y servicio de electrificación. A esta pérdida de poder de compra de los salarios no le ha correspondido un aumento general de salario y pensiones. La promulgación del salario mínimo por parte del Ejecutivo, constituye un ajuste que incrementa la enorme brecha entre salario mínimo y costos de vida.

En la condición de justicia, sigue aumentando la violencia institucional y la indefensión a que someten a los sectores que claman justicia y respeto a sus derechos humanos. Los familiares y afectados por el envenenamiento con dietilenglyco y por el incendio del bus, siguen esperando que se les otorgue un trato acorde con sus necesidades en los centros de salud y dependencias de la CSS, que se le establezca una legislación laboral cónsona con su condición de salud, que se les indemnice, pero fundamentalmente que se juzgue y encarcele a los verdaderos responsables de estos asesinatos.

En materia del servicio de transporte público, se continúa con el proyecto que pretende entregar a un consorcio privado con carácter monopólico la prestación del servicio, en lo que parece ser otro de los grandes negociados.

La población es víctima de la inseguridad ciudadana.  Siguen muriendo obreros por la falta de seguridad laboral. 

En política exterior continúa el entreguismo a los intereses norteamericanos desconociendo la lucha del pueblo panameño por alcanzar su plena soberanía, al aceptar la instalación de 11 bases aeronavales en nuestro país que responden a la estrategia de los Estados Unidos en la región latinoamericana. Igualmente, al respaldar golpes de Estados, como fue el caso de Honduras.

Es decir, en todo ese tiempo los problemas se han agravado.  Para este año se ciernen nuevos nubarrones: aumento de impuestos, aumento de los precios de los bienes y servicios básicos; alza del pasaje y privatización del transporte público; privatización de los servicios de la CSS vía externalización de servicios y reducción de beneficios a los asegurados y sus dependientes; imposición del modelo educativo de transformación curricular por competencias;  más despidos en el sector público.

En medio de ello, sigue la persecución y campaña de desprestigio contra la dirigencia honesta y beligerante de los gremios y organizaciones populares, al igual que lo hiciera el gobierno anterior.

Frente a todos estos retos, en este encuentro de la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, deberán surgir las acciones que demuestren que no estamos dispuestos a aceptar imposiciones neoliberales; que rechazamos enérgicamente la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político. Que estamos dispuestos a interponer todos los recursos legales que nos asisten, pero que sobretodo nos encontraran en las calles defendiendo nuestro legítimo derecho a una vida digna. Por que esta lucha no es de uno, es de todos.

Gracias.

Panamá, 30 de enero de 2010.