Frenadeso Panamà
Fecha Miércoles, 04 febrero a las 21:12:53
Tema Frenadeso Nacionales


Más dinero para millonarios

Miércoles 4 de febrero Acto de Solidaridad con Venezuela, Salón de Profesores de Humanidades, 4:30 p.m., Universidad de Panamá. Jueves 12 de febrero, I aniversario del asesinato de Al Iromi Smith.


Crisis Económica Mundial

Después de más de tres décadas de imposición de la supremacía del supuesto libre mercado por parte de los neoliberales, sus resultados son contundentes, una profunda crisis económica que somete tanto al mundo desarrollado como subdesarrollado. Una crisis causada, entre otras cosas, por el predominio de la “economía de casinos”, economía ficticia, en contraposición a la economía real, la economía de la producción, dado el apetito de máxima ganancia del gran capital.

Para enfrentar esta crisis se ha inyectado millones de dólares a las finanzas mundiales para que los bancos sigan funcionando, el Estado ha salido a socorrer a los apostadores del libre mercado, a los especuladores. Pero este descarado auxilio estatal a los responsables del colapso ha desatado una indignación generalizada pues la población no ha tenido la misma oportunidad. Tal es el caso de la crisis hipotecaria por la que miles de estadounidenses han perdido sus viviendas sin mayor respuesta del Estado.

Pero el rescate no es gratuito; habrá que solventar una operación de costo desconocido, los cuales una vez más recaerán sobre la población en general. Esta es la respuesta del capitalismo, garantizar la transferencia de recursos de manos sociales a manos privadas, para permitir que en medio de la crisis los especuladores y usureros sigan amasando grandes fortunas.

Crisis Económica y Danza de Millones

Igual que lo hiciese el gobierno estadounidense, el mandatario panameño, Martín Torrijos, entrega a los banqueros, grupo históricamente beneficiado por la política económica, cifras multimillonarias de dinero para que éstos sigan incrementando sus ganancias a costa del pueblo trabajador.

La anunciada aprobación del “Programa de Estímulo Financiero, PEF”, para supuestamente anticiparse al impacto de la crisis financiera, es una nueva maniobra de los grupos de poder económico para seguir usufructuando de los recursos del Estado; de los recursos del pueblo panameño. Es una medida que sigue los dictámenes de las mismas agencias de crédito internacional, responsables de la actual crisis, que favorecen al gran capital en desmedro de los intereses de la población. El PEF de Martín Torrijos, de supuesto rescate a los bancos, pone una vez más en el tapete el compromiso de la componenda entre los sectores gubernamentales y los sectores de poder económico.

¿Cómo justificar este Programa cuando voceros oficiales, en octubre del año pasado, plantearon que la crisis económica mundial no afectaría al país? Siempre manifestaron que la “economía nacional era robusta”; que “el sistema financiero panameño estaba fondeado, por lo cual no había peligro”. ¿Cómo explicar esta medida cuando este año la superintendencia bancaria informó que la liquidez del sistema creció de 59% a 64%?

El anuncio de la semana pasada de la disposición de 1,110 millones de dólares para la banca local a fin –se dice- de “solventar los efectos de la crisis económica”, al parecer se trata del otro gran negociado que pretende dejar amarrado el gobierno del PRD y la mafiocracia en el poder.

¿Cómo privilegiar a un sector que siempre fue beneficiado con las políticas de la dictadura militar Torrijista-Norieguista y que apoyó este régimen político; y que en los últimos años ha lanzado una política de fusiones bancarias (BANISTMO-HSBC, Banco Continental-General, Citi Group-Cuscatlán, entre otras), expulsando con ello a cientos de trabajadores del sector bancario. A un sector que no escapa de la corrupción, que se ha visto envuelto en escándalos como el del caso DISA; la exoneración de más de 400 millones de dólares al antiguo BANISTMO; el caso del narcotraficante José Nelson Urrego Cárdenas, en el cual se involucró a los dos Vicepresidentes Samuel Lewis Navarro y Rubén Arosemena,  a la actual Procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez y al Directivo del Banco Continental Stanley Motta, institución Financiera en la que Urrego tenía sus cuentas desde el 2002 (a pesar de haber sido condenado por narcotraficante). Urrego utilizó nuestro país para el blanqueo de capitales vía el centro bancario panameño, la Zona Libre de Colón y a través de contratos con instituciones gubernamentales como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Como otorgar dinero, a quienes violan los derechos humanos de los trabajadores bancarios al negar su posibilidad de organización sindical.  Es necesario recordar que durante el régimen de Torrijos, se desarrolló el Centro Financiero Internacional para cumplir uno de los requerimientos del capital internacional; por ello, para “salva-guarda” los intereses de la banca transnacional y local privada se restringen los derechos de los trabajadores en los principales focos de dinamismo de la plataforma transnacional de servicios (Banca, ZLC, Canal de Panamá).

La otra gran transferencia de los recursos del Estado a manos privadas, es la aprobación de la Ley que crea el Eurobono (Ley 11 de enero 2009) dirigido a cubrir la negligencia gubernamental del hermano de Balbina Herrera y del Vicepresidente y Canciller Samuel Lewis Navarro, que provocó la pérdida de las preferencias arancelarias de la Unión Europea. En el caso de los eurobonos, éste costará al pueblo panameño aproximadamente 10 millones de dólares, cifra que podría rondar hasta 30 millones de dólares para “compensación”. Esta medida se lleva adelante sin que se hayan realizado las investigaciones pertinentes a fin de sancionar a los responsables de la negligencia gubernamental; favorece, además, a uno de los responsables, el Vicepresidente Samuel Lewis Navarro, quién es exportador, él cual también estuvo envuelto en el escándalo de BANISTMO).

Aquí también hay grandes intereses ocultos, que pretenden esconder la prorroga de vencimiento de los Certificados de Abono Tributario (CAT), saliendo favorecidas algunas empresas exportadoras como ha resultado en el periodo del 2001-2007, las Carnes de Coclé y Haciendas PESA donde aparecen como directivos Carmen Perurena, Juan Carlos Halphen y José Antonio Halphen y como Agente Residente de la empresa el Bufete Infante Garrido&Garrido (mismo apellido del hermano de Balbina), quienes además son representantes de las empresas de Murcia (encarcelado por estafa,blanqueo de capitales y narcotráfico en Colombia). Otra aparente casualidad es que el suscriptor de la empresa Carnes de Coclé es el señor Héctor Huerta Infante abogado de Ernesto Pérez Balladares.

Además, este Gobierno se ha caracterizado por su política de subsidios millonarios a las empresas eléctricas, petroleras, de la construcción, de los corredores viales, a costa de recursos con que deja de contar el Estado para invertir en salud, educación, cultura, deportes, obras públicas, atención e indemnización a envenenados con dietilenglycol   y víctimas del bus incendiado, entre otros.

A ello, hay que agregar las grandes sumas de dinero que los políticos criollos perciben del Estado, como el desembolso de 573 mil 202 dólares a la empresa High Class Construction Company, cuya presidenta es la candidata del oficialismo Balbina Herrera (Empresa anteriormente registrada como See Buy & Sail S.A., cuyo propietario era Mohamed Lafi Hamdan, ex pareja de Balbina), ordenado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para “indemnizar por la cancelación anticipada del contrato de concesión a la empresa”. Además, en el 2001, tras un fallo de la Corte Suprema, ya Balbina Herrera había cobrado 180 mil 188 dólares por las “supuestas mejoras realizadas”. El contrato entre esta empresa y la AMP (cuyo representante en ese momento es el copartidario de Balbina, Hugo Torrijos) es de dudosa procedencia puesto que se firma cuando ya se había anunciado que se privatizarían los puertos de Balboa y Cristóbal, en el mismo se estableció una cláusula que habilitaba a la empresa a reclamar una indemnización por la cancelación anticipada de este. Llama la atención que de 28 empresas en similar situación se proceda a cancelar hasta la fecha sólo a dos empresas, una de ellas la de Balbina Herrera; que a pesar de existir reclamaciones de extrabajadores portuarios y del ferrocarril, a éstos no se les dé el mismo tratamiento; pero sobretodo, preocupa que este antecedente dé pie a la indemnización de las empresas restantes, lo que se traduce en otros millones de dólares que se fugan de las arcas públicas.

Estos sectores son los mismos que han sido favorecidos con la política neoliberal y que son los corresponsables de esta crisis. Son los grupos banqueros encabezados por los Motta, Arias, Humbert,   Rusodimos, Pascual, Arias Calderón, Eisenmann, Eletas, Revilla, Betesh, Orillac, entre otros, o de grandes exportadores como Halphen; todos ellos pertenecientes a los grupos de poder económico, que controlan   la partidocracia y forman parte de la mafiocracia, con lo cual tanto gobierno como oposición le sirven a sus intereses de clase.

Contrario a esta danza de millones para los millonarios del país, a los jubilados, pensionados, trabajadores y profesionales se les niega un aumento general de salarios y pensiones. Hay dinero para banqueros, usureros y grandes exportadores, pero no para los pobladores, campesinos e indígenas, pequeños productores a los que se les niega el derecho a viviendas dignas, al acceso a agua potable, a caminos de penetración, a salud y educación. ¿De qué se trata? Hay dinero para las 100 familias de la mafiocracia, pero no para el 60% de la población que vive en pobreza, para el 47% que aún trabajando no logra con su salario cubrir el costo de la canasta de necesidades materiales de vida; para el 41% de los pensionados que viven en pobreza.

Más Endeudamiento

Los fondos del PEF provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará 500 millones; la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo aporte es de 210 millones, lo que significa un financiamiento vía préstamo externo; y el Banco Nacional de Panamá (BNP), entidad que tendrá a su cargo la administración del programa para cuyo fin se constituirá un fideicomiso, con un aporte de 400 millones de dólares, estos último con seguridad implicarán un aumento de la deuda interna porque el BNP no pude hacer uso de los recurso de los depositantes para hacer dicho aporte. El gobierno debe explicar ¿Cómo el Banco Nacional otorgará recursos financieros a la banca privada?. 

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el 30 de octubre del 2008, en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana, anunció que abriría una línea de contingencia por 6,000 millones de dólares para América Latina, con lo cual queda evidenciada que una vez más las instituciones de financiamiento internacional, responsables de la política económica de las últimas décadas, pretenden seguir favoreciendo a los grandes capitales a través del endeudamiento de los Estados.

Estos fondos constituyen un mayor endeudamiento público, él cual supera los 10 mil millones de dólares. El dinero saldrá de los bolsillos de los contribuyentes de ese país, a través de más impuestos o vía aumento de tasa de interés por préstamos y, sin duda alguna,   afectará las partidas presupuestarias de inversión social.

Demagogia en el Uso y Control de los Recursos

En el caso del PEF el sector bancario “sugiere” que los recursos millonarios sean aprobados en función de su patrimonio, beneficiando con ello a los grandes grupos bancarios, y que sean utilizados para proporcionar liquidez adicional a los bancos mediante líneas interbancarias, como mecanismos para estimular la Bolsa de Valores, como fideicomisos hipotecarios o bonos respaldados con garantías específicas. Es decir, el Programa utiliza la misma lógica que ha generado la crisis económica y beneficiado a los grandes especuladores bancarios.

Esto será garantizado por el denominado “Grupo Especial de Seguimiento”, integrado entre otros por Nicolas Ardito Barletta, Guillermo Chapman, Marcos Fernández y Horacio Estribí; entre los banqueros Juan De Dianous y Sergio Altamiranda y entre las autoridades del gobierno el Presidente Martín Torrijos, el Vicepresidente Samuel Lewis Navarro, el Superintendente de Bancos Olegario Barrelie el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el Comisionado de la Comisión Nacional de Valores, Juan Martans. Es decir, los mismos que han venido fomentando la venta de la patria, amañando los resultados de los estudios (por los cuales se les paga miles de dólares como “consultores”), auparon el negociado de la ampliación del Canal, los que fomentan la danza de los millones a favor de las grandes empresas.

En el caso de los eurobonos serán utilizados con una política similar a la de los CAT, cuya ejecución ha favorecido prioritariamente a 7 compañías exportadoras (fundamentalmente comercializadoras y no productoras), de las 125 empresas, que en un lapso de seis años acapararon el 46% de los 206 millones de dólares del CAT.

Con esto queda clara la demagogia del gobierno del PRD al señalar que tanto el PEF y los Eurobonos se utilizarán para garantizar el nivel de crecimiento económico y los puestos de trabajo. El propósito real es beneficiar a los grupos de poder económico con el supuesto argumento de realizar un plan de rescate. Olvidan que dado el nivel de utilidad que obtienen estos sectores resulta poco significativa su contribución a la economía.

El control de los recursos también es una demagogia. El Programa de Estímulo Financiero estará bajo el control de un Fideicomiso cuyo administrador será el BNP. Debemos recordar que la supervisión bancaria en el país no ha estado ausente de escándalos e ilegalidades. Igualmente los escándalos de corrupción, falsificación, sobrefacturación, creación de empresas fantasma, renegociación en la Bolsa de Valores o para la evasión del pago de impuestos que han hecho los tenedores de los CAT.

Organización y Lucha

Llamamos al pueblo panameño a mantenernos en estado de alerta permanente para   evitar que los gobernantes y politiqueros, en contubernio con el capital financiero y los grandes exportadores, vuelvan a asaltar las arcas del Estado, a endeudar más el país, y sobre todo a hacer recaer una vez más el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Valga esta oportunidad para exhortar a los sectores populares a redoblar la lucha contra el alto costo de la vida, por un aumento general de salarios y pensiones, contra los proyectos privatizadores y depredadores del ambiente, contra la corrupción y la impunidad, contra el estado de inseguridad ciudadana, contra el circo electorero. Frente a la grave situación socioeconómica y política que enfrentamos en esto momentos, organízate y lucha.

Panamá, enero de 2008.

FRENADESO 

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES



Crisis Económica Mundial

Después de más de tres décadas de imposición de la supremacía del supuesto libre mercado por parte de los neoliberales, sus resultados son contundentes, una profunda crisis económica que somete tanto al mundo desarrollado como subdesarrollado. Una crisis causada, entre otras cosas, por el predominio de la “economía de casinos”, economía ficticia, en contraposición a la economía real, la economía de la producción, dado el apetito de máxima ganancia del gran capital.

Para enfrentar esta crisis se ha inyectado millones de dólares a las finanzas mundiales para que los bancos sigan funcionando, el Estado ha salido a socorrer a los apostadores del libre mercado, a los especuladores. Pero este descarado auxilio estatal a los responsables del colapso ha desatado una indignación generalizada pues la población no ha tenido la misma oportunidad. Tal es el caso de la crisis hipotecaria por la que miles de estadounidenses han perdido sus viviendas sin mayor respuesta del Estado.

Pero el rescate no es gratuito; habrá que solventar una operación de costo desconocido, los cuales una vez más recaerán sobre la población en general. Esta es la respuesta del capitalismo, garantizar la transferencia de recursos de manos sociales a manos privadas, para permitir que en medio de la crisis los especuladores y usureros sigan amasando grandes fortunas.

Crisis Económica y Danza de Millones

Igual que lo hiciese el gobierno estadounidense, el mandatario panameño, Martín Torrijos, entrega a los banqueros, grupo históricamente beneficiado por la política económica, cifras multimillonarias de dinero para que éstos sigan incrementando sus ganancias a costa del pueblo trabajador.

La anunciada aprobación del “Programa de Estímulo Financiero, PEF”, para supuestamente anticiparse al impacto de la crisis financiera, es una nueva maniobra de los grupos de poder económico para seguir usufructuando de los recursos del Estado; de los recursos del pueblo panameño. Es una medida que sigue los dictámenes de las mismas agencias de crédito internacional, responsables de la actual crisis, que favorecen al gran capital en desmedro de los intereses de la población. El PEF de Martín Torrijos, de supuesto rescate a los bancos, pone una vez más en el tapete el compromiso de la componenda entre los sectores gubernamentales y los sectores de poder económico.

¿Cómo justificar este Programa cuando voceros oficiales, en octubre del año pasado, plantearon que la crisis económica mundial no afectaría al país? Siempre manifestaron que la “economía nacional era robusta”; que “el sistema financiero panameño estaba fondeado, por lo cual no había peligro”. ¿Cómo explicar esta medida cuando este año la superintendencia bancaria informó que la liquidez del sistema creció de 59% a 64%?

El anuncio de la semana pasada de la disposición de 1,110 millones de dólares para la banca local a fin –se dice- de “solventar los efectos de la crisis económica”, al parecer se trata del otro gran negociado que pretende dejar amarrado el gobierno del PRD y la mafiocracia en el poder.

¿Cómo privilegiar a un sector que siempre fue beneficiado con las políticas de la dictadura militar Torrijista-Norieguista y que apoyó este régimen político; y que en los últimos años ha lanzado una política de fusiones bancarias (BANISTMO-HSBC, Banco Continental-General, Citi Group-Cuscatlán, entre otras), expulsando con ello a cientos de trabajadores del sector bancario. A un sector que no escapa de la corrupción, que se ha visto envuelto en escándalos como el del caso DISA; la exoneración de más de 400 millones de dólares al antiguo BANISTMO; el caso del narcotraficante José Nelson Urrego Cárdenas, en el cual se involucró a los dos Vicepresidentes Samuel Lewis Navarro y Rubén Arosemena,  a la actual Procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez y al Directivo del Banco Continental Stanley Motta, institución Financiera en la que Urrego tenía sus cuentas desde el 2002 (a pesar de haber sido condenado por narcotraficante). Urrego utilizó nuestro país para el blanqueo de capitales vía el centro bancario panameño, la Zona Libre de Colón y a través de contratos con instituciones gubernamentales como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Como otorgar dinero, a quienes violan los derechos humanos de los trabajadores bancarios al negar su posibilidad de organización sindical.  Es necesario recordar que durante el régimen de Torrijos, se desarrolló el Centro Financiero Internacional para cumplir uno de los requerimientos del capital internacional; por ello, para “salva-guarda” los intereses de la banca transnacional y local privada se restringen los derechos de los trabajadores en los principales focos de dinamismo de la plataforma transnacional de servicios (Banca, ZLC, Canal de Panamá).

La otra gran transferencia de los recursos del Estado a manos privadas, es la aprobación de la Ley que crea el Eurobono (Ley 11 de enero 2009) dirigido a cubrir la negligencia gubernamental del hermano de Balbina Herrera y del Vicepresidente y Canciller Samuel Lewis Navarro, que provocó la pérdida de las preferencias arancelarias de la Unión Europea. En el caso de los eurobonos, éste costará al pueblo panameño aproximadamente 10 millones de dólares, cifra que podría rondar hasta 30 millones de dólares para “compensación”. Esta medida se lleva adelante sin que se hayan realizado las investigaciones pertinentes a fin de sancionar a los responsables de la negligencia gubernamental; favorece, además, a uno de los responsables, el Vicepresidente Samuel Lewis Navarro, quién es exportador, él cual también estuvo envuelto en el escándalo de BANISTMO).

Aquí también hay grandes intereses ocultos, que pretenden esconder la prorroga de vencimiento de los Certificados de Abono Tributario (CAT), saliendo favorecidas algunas empresas exportadoras como ha resultado en el periodo del 2001-2007, las Carnes de Coclé y Haciendas PESA donde aparecen como directivos Carmen Perurena, Juan Carlos Halphen y José Antonio Halphen y como Agente Residente de la empresa el Bufete Infante Garrido&Garrido (mismo apellido del hermano de Balbina), quienes además son representantes de las empresas de Murcia (encarcelado por estafa,blanqueo de capitales y narcotráfico en Colombia). Otra aparente casualidad es que el suscriptor de la empresa Carnes de Coclé es el señor Héctor Huerta Infante abogado de Ernesto Pérez Balladares.

Además, este Gobierno se ha caracterizado por su política de subsidios millonarios a las empresas eléctricas, petroleras, de la construcción, de los corredores viales, a costa de recursos con que deja de contar el Estado para invertir en salud, educación, cultura, deportes, obras públicas, atención e indemnización a envenenados con dietilenglycol   y víctimas del bus incendiado, entre otros.

A ello, hay que agregar las grandes sumas de dinero que los políticos criollos perciben del Estado, como el desembolso de 573 mil 202 dólares a la empresa High Class Construction Company, cuya presidenta es la candidata del oficialismo Balbina Herrera (Empresa anteriormente registrada como See Buy & Sail S.A., cuyo propietario era Mohamed Lafi Hamdan, ex pareja de Balbina), ordenado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para “indemnizar por la cancelación anticipada del contrato de concesión a la empresa”. Además, en el 2001, tras un fallo de la Corte Suprema, ya Balbina Herrera había cobrado 180 mil 188 dólares por las “supuestas mejoras realizadas”. El contrato entre esta empresa y la AMP (cuyo representante en ese momento es el copartidario de Balbina, Hugo Torrijos) es de dudosa procedencia puesto que se firma cuando ya se había anunciado que se privatizarían los puertos de Balboa y Cristóbal, en el mismo se estableció una cláusula que habilitaba a la empresa a reclamar una indemnización por la cancelación anticipada de este. Llama la atención que de 28 empresas en similar situación se proceda a cancelar hasta la fecha sólo a dos empresas, una de ellas la de Balbina Herrera; que a pesar de existir reclamaciones de extrabajadores portuarios y del ferrocarril, a éstos no se les dé el mismo tratamiento; pero sobretodo, preocupa que este antecedente dé pie a la indemnización de las empresas restantes, lo que se traduce en otros millones de dólares que se fugan de las arcas públicas.

Estos sectores son los mismos que han sido favorecidos con la política neoliberal y que son los corresponsables de esta crisis. Son los grupos banqueros encabezados por los Motta, Arias, Humbert,   Rusodimos, Pascual, Arias Calderón, Eisenmann, Eletas, Revilla, Betesh, Orillac, entre otros, o de grandes exportadores como Halphen; todos ellos pertenecientes a los grupos de poder económico, que controlan   la partidocracia y forman parte de la mafiocracia, con lo cual tanto gobierno como oposición le sirven a sus intereses de clase.

Contrario a esta danza de millones para los millonarios del país, a los jubilados, pensionados, trabajadores y profesionales se les niega un aumento general de salarios y pensiones. Hay dinero para banqueros, usureros y grandes exportadores, pero no para los pobladores, campesinos e indígenas, pequeños productores a los que se les niega el derecho a viviendas dignas, al acceso a agua potable, a caminos de penetración, a salud y educación. ¿De qué se trata? Hay dinero para las 100 familias de la mafiocracia, pero no para el 60% de la población que vive en pobreza, para el 47% que aún trabajando no logra con su salario cubrir el costo de la canasta de necesidades materiales de vida; para el 41% de los pensionados que viven en pobreza.

Más Endeudamiento

Los fondos del PEF provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará 500 millones; la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo aporte es de 210 millones, lo que significa un financiamiento vía préstamo externo; y el Banco Nacional de Panamá (BNP), entidad que tendrá a su cargo la administración del programa para cuyo fin se constituirá un fideicomiso, con un aporte de 400 millones de dólares, estos último con seguridad implicarán un aumento de la deuda interna porque el BNP no pude hacer uso de los recurso de los depositantes para hacer dicho aporte. El gobierno debe explicar ¿Cómo el Banco Nacional otorgará recursos financieros a la banca privada?. 

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el 30 de octubre del 2008, en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana, anunció que abriría una línea de contingencia por 6,000 millones de dólares para América Latina, con lo cual queda evidenciada que una vez más las instituciones de financiamiento internacional, responsables de la política económica de las últimas décadas, pretenden seguir favoreciendo a los grandes capitales a través del endeudamiento de los Estados.

Estos fondos constituyen un mayor endeudamiento público, él cual supera los 10 mil millones de dólares. El dinero saldrá de los bolsillos de los contribuyentes de ese país, a través de más impuestos o vía aumento de tasa de interés por préstamos y, sin duda alguna,   afectará las partidas presupuestarias de inversión social.

Demagogia en el Uso y Control de los Recursos

En el caso del PEF el sector bancario “sugiere” que los recursos millonarios sean aprobados en función de su patrimonio, beneficiando con ello a los grandes grupos bancarios, y que sean utilizados para proporcionar liquidez adicional a los bancos mediante líneas interbancarias, como mecanismos para estimular la Bolsa de Valores, como fideicomisos hipotecarios o bonos respaldados con garantías específicas. Es decir, el Programa utiliza la misma lógica que ha generado la crisis económica y beneficiado a los grandes especuladores bancarios.

Esto será garantizado por el denominado “Grupo Especial de Seguimiento”, integrado entre otros por Nicolas Ardito Barletta, Guillermo Chapman, Marcos Fernández y Horacio Estribí; entre los banqueros Juan De Dianous y Sergio Altamiranda y entre las autoridades del gobierno el Presidente Martín Torrijos, el Vicepresidente Samuel Lewis Navarro, el Superintendente de Bancos Olegario Barrelie el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el Comisionado de la Comisión Nacional de Valores, Juan Martans. Es decir, los mismos que han venido fomentando la venta de la patria, amañando los resultados de los estudios (por los cuales se les paga miles de dólares como “consultores”), auparon el negociado de la ampliación del Canal, los que fomentan la danza de los millones a favor de las grandes empresas.

En el caso de los eurobonos serán utilizados con una política similar a la de los CAT, cuya ejecución ha favorecido prioritariamente a 7 compañías exportadoras (fundamentalmente comercializadoras y no productoras), de las 125 empresas, que en un lapso de seis años acapararon el 46% de los 206 millones de dólares del CAT.

Con esto queda clara la demagogia del gobierno del PRD al señalar que tanto el PEF y los Eurobonos se utilizarán para garantizar el nivel de crecimiento económico y los puestos de trabajo. El propósito real es beneficiar a los grupos de poder económico con el supuesto argumento de realizar un plan de rescate. Olvidan que dado el nivel de utilidad que obtienen estos sectores resulta poco significativa su contribución a la economía.

El control de los recursos también es una demagogia. El Programa de Estímulo Financiero estará bajo el control de un Fideicomiso cuyo administrador será el BNP. Debemos recordar que la supervisión bancaria en el país no ha estado ausente de escándalos e ilegalidades. Igualmente los escándalos de corrupción, falsificación, sobrefacturación, creación de empresas fantasma, renegociación en la Bolsa de Valores o para la evasión del pago de impuestos que han hecho los tenedores de los CAT.

Organización y Lucha

Llamamos al pueblo panameño a mantenernos en estado de alerta permanente para   evitar que los gobernantes y politiqueros, en contubernio con el capital financiero y los grandes exportadores, vuelvan a asaltar las arcas del Estado, a endeudar más el país, y sobre todo a hacer recaer una vez más el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Valga esta oportunidad para exhortar a los sectores populares a redoblar la lucha contra el alto costo de la vida, por un aumento general de salarios y pensiones, contra los proyectos privatizadores y depredadores del ambiente, contra la corrupción y la impunidad, contra el estado de inseguridad ciudadana, contra el circo electorero. Frente a la grave situación socioeconómica y política que enfrentamos en esto momentos, organízate y lucha.

Panamá, Febrero de 2009.

FRENADESO 

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