Desde que arribó a la Presidencia el gamonal del CD, Ricardo Martinelli, el proceso de represión al movimiento social ha sido ascendente y sin excepción a sector alguno. Inicio con la represión a los pueblos indígenas que protestaban contra los proyectos hidroeléctricos y mineros que lesionan el medio ambiente y que pretenden desalojar a los pobladores de sus comunidades ancestrales; siguieron los ambientalistas y campesinos que rechazan la contaminación de ríos y comunidades producto de los métodos de explotación que utilizan las transnacionales mineras; luego fueron reprimidos los pobladores de las áreas de Chilibre, Alcalde Días, San Miguelito, Chorrera, Arraijan y Colón, comunidades todas que exigían el acceso al agua, a vivienda digna, recolección de la basura, mayor seguridad; luego se reprimió, encarceló y violento todos los derechos de los obreros de la construcción que se manifestaban en contra de la ley saca plata (reforma tributaria) y de las reformas a la seguridad social, que exigían el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral; finalmente a los estudiantes que se expresaban contra las medidas antipopulares del gobierno.

Pero la violencia institucional desatada por el gobierno, no sólo ha sido física, sino también verbal. En nueve meses imperan frases como: “matar a todo aquel reo que intente fugarse”, “ningún hijo muere por salir de la iglesia”, “aquí en Panamá lo que impera es la ética del billete, existe una lista de periodistas emplanillados”, “no comparto el romanticismo de la resocialización”, “el combate a la delincuencia se hace con energía y con firmeza y no declamando poesía”, “el Ejecutivo tomará sus propias decisiones y no va a cogobernar con la sociedad civil”, “obreros maleantes de mierda”.

Es decir, es un estilo de gestión gubernamental que combina el menosprecio hacia el pueblo imperante en los gobiernos antes del sesenta y ocho y las acciones del régimen militar. No sorprende, por ende, el madrugonazo de la Asamblea de Diputados, institución que históricamente ha sido títere de quienes ocupan la silla presidencial, al aprobar una ley que sanciona con pena de seis meses hasta dos años de cárcel a los que cierran calles.

A flor de piel, la esencia de un gobierno al que incluso la democracia burguesa le es irritante. Su accionar en nueve meses de gobierno, es la manifestación más clara de una clase oligárquica que menosprecia los anhelos de una población que exige se respete su derecho a una vida digna y que se atiendan sus demandas sociales. Este es el cambio que ejerce quienes gobiernan en estos momentos el país: el cambio antidemocrático.

Sus declaraciones y acciones revelan la falsedad de los llamados del gobierno de Martinelli al diálogo y a la unidad de todos los panameños para resolver los graves problemas nacionales y someter a consulta popular los temas de interés general.

Esta realidad explica porque la política de seguridad del Gobierno se orienta a reprimir al pueblo y no a frenar la ola de crímenes.

Señor Presidente, el pueblo seguirá en las calles mientras no se atiendan sus necesidades materiales de vida (empleo, disminución del costo de vida, aumento general de salario, seguridad social y ciudadana, vivienda, acceso a agua potable, recolección de basura, entre otras); seguiremos en las calles si se pretende cercenar las conquistas laborales y lesionar el derecho a huelga a través de reformas al Código de Trabajo; seguiremos en las calles ante la imposición de un modelo de transformación curricular de la educación que busca garantizar a la patronal fuerza de trabajo barata. Es decir, frente a la posición gubernamental de criminalizar y destruir las organizaciones del movimiento social panameño, la respuesta siempre será movilización social.

Al pueblo trabajador no le queda más que hacer uso de acciones de protestas, a fin de que este gobierno, que resulta ciego, sordo y mudo frente a las demandas sociales, entienda que debe legislar a favor de la población y no de los intereses de las 100 familias que conforman la mafiocracia.

Llamamos al pueblo panameño a expresar el rechazo a la política represiva del gobierno. Convocamos desde ya a la realización de acciones contra las pretensiones de este gobierno oligárquico por cercenar las reivindicaciones legítimas que hemos alcanzado producto de la lucha en las calles. Caminamos hacia un Primero de Mayo combativo en unidad desde las bases obreras, a fin de demostrar que no permitiremos reformas antisindicales, ni privatizadoras, ni mordazas. Con el ejemplo de Victoriano Lorenzo y los Mártires de Cerro Tute, “La Pelea es Peleando”.