Genaro López (SUNTRACS)
Fecha Lunes, 19 octubre a las 13:47:20
Tema Frenadeso Nacionales


Sindicalización como derecho fundamental
CONUSI y ASEUPA llevaron adelante el “Primer Foro sobre Derecho a la Sindicalización del Trabajador del Sector Público Panameño”, desarrollado los días 15 y 16 de octubre.












Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva son derechos humanos fundamentales en el trabajo que forman parte integral de la democracia. Constituyen la base de las libertades civiles y una garantía a efectos de la protección contra la discriminación, la injerencia y el acoso. En este sentido se reconoce el derecho a la sindicalización.

¿Qué es el derecho a sindicalización? Es el derecho que tienen los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado a constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la Ley y a sus estatutos. El mismo se encuentra garantizado en las normas internacionales y nacionales, entre otros en los Convenios N° 87 y 98 de la OIT y en la Constitución Política de la República de Panamá.

Con todo, algunos trabajadores tropiezan con dificultades en lo que respecta a la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Entre ellos, los trabajadores del sector público se encuentran entre quienes sufren con mayor frecuencia restricciones al derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Este es el caso de Panamá, donde es flagrante la violación a este derecho, lo que se constituye en una restricción más a la libertad y la democracia. Así, desde el 2002 al 2008, los gobiernos panameños han sido observados reiterativamente por restringir el derecho de constituir organizaciones sindicales, violando el Convenio 87 de la OIT del cual es país signatario.

¿De cuántos panameños estamos hablando? Según la última Encuesta de Hogares, la Población Económicamente Activa (PEA), a marzo de 2009, está integrada por 1,540,261 personas, de las cuales 97,329 están desocupadas, igualmente el 42.8% se encuentra en el sector informal. El 14.9% de la PEA son empleados del Gobierno; si ello lo traducimos en términos de organización sindical, estamos hablando de que a 220,830 personas que componen la PEA les están negando el derecho a la sindicalización, a pesar de que el artículo 68 de la Constitución señala que “Se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y profesionales de todas clases para los fines de su actividad económica y social”.

La restricción al derecho de sindicación la enfrentan los trabajadores del sector público, a los cuales solo se les permite agruparse en asociaciones, pero solo si cuentan con un mínimo de 50 miembros y solo pueden formar una asociación por institución. Además, el gobierno puede poner fin a las huelgas en el sector público, imponiendo un arbitraje obligatorio. La Ley requiere que los empleados estatales presten un servicio mínimo; y el gobierno puede requisar por lo menos un 50% de los empleados con este propósito en los servicios esenciales, excediendo la definición de la OIT.

Frente a esta realidad, que evidencia la posición antitrabajadora del empleador (en este caso el Estado, que se constituye en juez y parte en los conflictos laborales del sector), y ante la desidia de una seudodirigencia de Fenasep, que omite el abordaje real de este legítimo derecho de los servidores públicos, en la medida que han jugado a favor de los intereses de gobiernos de turno, CONUSI y ASEUPA llevaron adelante el “Primer Foro sobre Derecho a la Sindicalización del Trabajador del Sector Público Panameño”, desarrollado los días 15 y 16 de octubre.

Este evento marca relevancia en la medida en que asistimos al despertar de un proceso de lucha por la organización sindical en el sector público, que por décadas estuvo dormido, paralizado y manipulado políticamente, al extremo de haber sido una de las principales bases sociales utilizadas por el régimen desde 1968, lo que significó un movimiento obrero sin independencia ni combatividad, que ha sido mediatizado producto de la política de cooptación de su dirigencia. Este despertar también obedece al grado de conciencia de la perentoria necesidad de defender sus derechos más elementales, amenazados seriamente por la predominante ideología neoliberal y la desregulación estatal, que se impone en nuestro país desde 1979.

Por otro lado, los trabajadores del sector público tienen por delante la tarea de avanzar hacia la constitución de un auténtico organismo que los aglutine, permitiendo de esa forma coordinar el accionar de la totalidad de las organizaciones del sector y, en ese marco, establecer una política dirigida a unificarse al resto de los trabajadores de la ciudad y del campo.

*Secretario General del Suntracs.rologe54@yahoo.com







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