Muchas veces se habla de los dos Panamá, que caminan de manera paralela (las paralelas no se unen) o de manera dual (sector moderno y sector atrasado). Una economía que crece sin desarrollo, o como dijera la Cepal en los cincuenta, ‘Crecimiento económico con pobreza '. Un Panamá, donde hablar de miles es un insulto, pues para los sectores de poder económico los ingresos son en millones, mientras que para el otro sector, el de los pobres, las cifras son en centavos.

En medio de estos dos Panamá, continua el derroche, esta semana aparece en los titulares de los medios de comunicación social que se destinarán $9.3 millones para remodelar el Palacio de las Garzas, de los cuales 2 millones son para remodelar la cocina presidencial que, según el ministro de la Presidencia, se quedó chica. Mientras que por el otro lado, la llamada jornada extendida que anunció el Meduca solo se pudo realizar en 37 planteles del país, por las dificultades que confrontan las infraestructuras necesarias, entre ellas la falta de comedores escolares.

Mientras se aumentan salarios a las estructuras de alto mando de la Policía Nacional y del Aeropuerto de Tocumen, por el otro lado, más de mil docentes del país llevan 15 quincenas sin que se les paguen sus salarios.

A los trabajadores se nos quiere imponer más años de trabajo para obtener la jubilación (de 57 y 62 a 65); sin embargo, Varela quiso otorgar jubilaciones especiales con pensiones de $7000 a 10 altos comisionados. Mientras a los que han asaltado las finanzas públicas (corrupción) tienen casa o país por cárcel, o no han pisado las cárceles del país, 9 jóvenes estudiantes del Instituto Nacional fueron injustamente acusados de terrorismo, detenidos por aproximadamente siete meses, a partir de que medios de comunicación social y la pareja presidencial instrumentalizaron la información ‘declarando culpables a los jóvenes ' sin prueba alguna. Hace unos días, la juez décima del Ramo Penal ha advertido que nunca existió la figura de terrorismo, por tanto las detenciones fueron declaradas ilegales, por lo cual se dio abuso de autoridad, violación de los DDHH al ser privados de libertad. El fallo ordena el cierre definitivo del expediente y solicita el sobreseimiento definitivo.

Por su parte, 115 ultramillonarios concentran la riqueza del país, el 26 % de los panameños, el 54 % de la población rural y el 95 % de la población indígena viven en pobreza; lo que revela la profunda desigualdad en el país.

No se augura cambios en esta perversa realidad. Los indicadores económicos y sociales apuntan el incremento de las brechas, de la exclusión e inequidad social. En octubre se reportan 25 717 trabajadores informales, que corresponden a 5.91 % más que en marzo de 2015. Es decir, 460 667 trabajadores se encuentran en la informalidad laboral.

Los múltiples problemas que vive la población a diario continúan. Problemas de salud, seguridad social, carencias de medicamentos, perversa atención a los pacientes envenenados con dietilenglicol, educación, acceso al suministro de agua potable 24/7, costo de la vida, contaminación ambiental, desempleo, bajos salario, inseguridad ciudadana. La respuesta del Gobierno de Varela ha sido mediática.

En estricto sentido, Panamá es un país donde la gestión gubernamental está encaminada a favorecer las minorías que concentran la riqueza nacional.

El pueblo exige justicia, atención a las demandas sociales que se enmarcan en la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI - FRENADESO.