FRENADESO Noticias 18 de Septiembre de 2016
Fecha Domingo, 18 septiembre a las 06:50:35
Tema Frenadeso Nacionales


Panamá: ¿Qué pretenden con el agua?

 

 

 

 



¿Qué pretenden con el agua?

El 8 de septiembre se presentó el anteproyecto de ley 44, que reorganiza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)

Articulo de Genaro López

El 8 de septiembre se presentó el anteproyecto de ley 44, que reorganiza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y subroga la Ley 77 de 2001, bajo el argumento de entregar a la institución independencia financiera y permitir su eficiencia. El anteproyecto presentado dice estar dirigido a evitar la privatización y crea la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Bajo esta lógica, el problema parece ser de gestión (modelo administrativo), lo que sería resuelto con una nueva normativa.

La normativa, sentada en 152 artículos, en su exposición de motivos, aunque expresa que se pretende evitar la privatización, no la descarta. El artículo 7 consigna la integración de la Junta Directiva, conformada por 11 miembros, presidida por el ministro para Asuntos del Canal, lo que llama a preocupación en torno a las prioridades del uso del recurso hídrico en el país, ‘Canal o para uso humano '. La Junta Directiva contará con 9 directores nombrados por 9 años, que recibirán dietas, lo que hace suponer otra estructura burocrática. Entre sus funciones está el aprobar los requisitos y procedimientos para que los fondos de la Autoridad sean depositados en bancos privados u oficiales.

En el artículo 28 se plantea la creación de la Unidad Rural de Agua Potable y Saneamiento, la cual, entre otras, tiene la función de preparar las normas relativas a la estructura y valores tarifarios; procedimientos administrativos y contables que deberán ser aplicados por las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) u otros prestadores rurales, lo que puede constituirse en un mecanismo de control de la JAAR y de la participación comunitaria. El artículo 33 le otorga el beneficio a la Unidad Rural para subcontratar a organizaciones no gubernamentales o empresas privadas para prestar asistencia técnica a las Comunidades Rurales, dejando las puertas abiertas a la externalización de servicios (privatización).

Se contempla un Fondo de Subsidios no solo para subsidiar familias que se consideren como casos sociales, sino también para cubrir el déficit operativo de la Autoridad. Este fondo, según el anteproyecto de ley, estará formado entre otras fuentes por fondos provenientes de la venta de acciones que el Estado mantiene en empresas mixtas, en caso de que el Estado decida hacerlo. Este elemento podría ser utilizado por los Gobiernos para privatizar acciones de las compañías de electrificación y telecomunicación.

El nivel organizacional de los trabajadores queda en incertidumbre. Se establece que la Autoridad está sujeta a un régimen laboral especial. ‘A los funcionarios, a los trabajadores y a las asociaciones de empleados de la Autoridad, no les serán aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, del Código Administrativo ni de la Ley 9 de 1994 referente a Carrera Administrativa; ni ninguna otra norma legal o reglamentaria que establezcan salarios, bonificaciones, jurisdicciones o procedimientos, salvo lo que expresamente se dispone en esta Ley ' (artículo 67). Aunque se señala que la Autoridad reconocerá los trabajadores del IDAAN, dejan abierta la puerta para despidos ‘... en caso que se decida reducir el personal asignado, la Autoridad garantizará la indemnización del personal... ' (Artículo 142).

Las tarifas serán calculadas a partir de la metodología que presente la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP). La experiencia a este nivel, en la prestación de otros servicios, es cuestionada por la población.

Advertimos que el agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona, por ende enfrentaremos cualquier proyecto que pretenda su privatización en cualquiera de sus formas. El Ejecutivo y el Legislativo deben recordar que las propuestas de externalizar el servicio, han sido enfrentadas por el pueblo en las calles que entiende que el ‘agua es un derecho, no una mercancía '. El agua es un derecho humano básico, defendámosla.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.


















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