Escuche declaraciones de Gerardo Iglesias, integrante Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrí­colas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)  y de Fiona Murie, integrante de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, (ICM) a quienes las autoridades no quisieron atender.

 

La Misión contó con la participación de delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Tras la visita, alertó sobre el clima y los actos de hostilidad de las autoridades laborales, policiales y empresariales hacia los trabajadores y sus representantes.

 

Se refirió especialmente a las agresiones registradas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, a las detenciones arbitrarias y a los procesamientos penales ilegales contra los dirigentes.

Además, informó a las autoridades sobre el contenido "antisindical y antisocial" de las leyes 14 y 30, conocidas como carcelazo y chorizo respectivamente.

 

Y advirtió que dichas normas pueden generar confrontación en la población, por lo cual instó al Gobierno a derogarlas de forma completa.  

 

La Misión expresó que el impacto de las leyes mencionadas representa una clara violación de los convenios sobre Libertad Sindical y Derecho a la Negociación Colectiva de la OIT.

 

Por otro lado, consideró que la mesa de diálogo instalada por el Gobierno tras las protestas contra la Ley 30 "en la práctica ha sido una dilación y no un diálogo real pues los hechos que originan la situación de conflictividad persisten".

 

Asimismo, se refirió a la represión contra las protestas que se oponían la Ley 30 en Bocas del Toro. Señaló que murieron al menos 5 personas y que hay cientos de heridos.

 

Vale recordar que en Panamá se desarrollan diversas protestas desde la sanción de la Ley 30.

 

Ésta introduce limitaciones al derecho a huelga y autoriza la contratación de personas para sustituir a quienes estén de paro. Además, otorga beneficios a policías que cometan delitos en ejercicio de sus funciones. (PÚLSAR/FRENADESO)