Sonido Off / On




  Principal
  Radio y TV
  Sobre Nosotros
  Ayúdanos a seguir comunicando
  Links de Interes
·Comité solidaridad España
·Comité Solidaridad Alemania




  Buscar


  Contador de Visitas
contador de visitas
Frenadeso Panamà

Frenadeso Nacionales
Conozca los nuevos nombramientos de Martinelli en la Junta Directiva del Canal de Panamá
Descubra la relación entre los socios de Martinelli, los apellidos italianos y el Puente Van Dam. Ellos se pelean, pero los negocios los juntan.






Los medios de comunicación han adelantado que el Presidente Ricardo Martinelli nombrará en la Junta Directiva del Canal de Panamá a José Sosa Arango, Marco Ameglio y Nicolás Corcione, los dos últimos de origen italiano, como gran parte de los apellidos influyentes en el Gobierno: Martinelli, Tamburelli, Calcagno-Burillo, Ferrufino, Bonissi, Virzi, Benedetti, Bianchini, Corcione, Ameglio, Lavitola, etc.  Algunos de ellos acompañaron  a Martinelli en uno de sus primeros viajes como mandatario a Italia, a visitar a su amigo Silvio Berlusconni y a Joseph Alois Ratzinger (Papa Benedicto XVI).

Se trata en muchos casos de gente con doble nacionalidad, como otros tantos que participan en las altas esferas gubernamentales.  Pero a diferencia de muchos otros compatriotas con esta condición y que se enorgullecen de ser panameños, estos representan claramente intereses antinacionales y antipopulares.

Nicolás Corcione Pérez Balladares

Nicolás Corcione Pérez Balladares, sí señores, es sobrino de Ernesto Pérez Balladares, es empresario de la construcción, asesor actual del Metro, socio de Martinelli, promotor del sindicalismo amarillo (pro patronal) y uno de los reconocidos empresarios homicidas, puesto que en sus obras se cuentan varios obreros muertos por la falta de medidas de salud y seguridad laboral.

Precisamente, Nicolás Corcione, cuyo hermano Carlos Corcione está nombrado en la Junta Directiva del Registro Público, es Presidente del Grupo Corcione, el mismo que construyó la Torre 7400, en calle 74 de San Francisco, en ciudad de Panamá, donde murieron por faltas de medidas de seguridad, los obreros: Luis Mena, de 27 años, José Boniche, de 21 años, Isaac Pérez, de 24 años, y Juan Ramos, de 50.

Los compañeros no estaban amparados por la convención colectiva CAPAC-SUNTRACS, toda vez que la empresa Grupo Corcione, de Nicolás Corcione Pérez Balladares, negocia directamente con un SINDICATO AMARILLO de su propiedad (Sindicato de Trabajadores de las Empresas Corcione y Afiliados) que le fue otorgado bajo la administración de su tío, Ernesto Pérez Balladares, por el Ministerio de Trabajo, en ese entonces dirigido por Reynaldo Rivera, ministro también el 26 de julio de 2007, cuando ocurrieron estos fallecimientos.

A raíz de estas muertes que conmovieron a la opinión pública, el SUNTRACS inició una jornada de lucha por el cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en la Construcción, respeto a la libertad sindical, y contra el sindicalismo amarillo y los esquiroles que promueven empresarios como Nicolás Corcione.

Estas jornadas de lucha fueron reprimidas a sangre y fuego por el Gobierno del PRD de Martín Torrijos.  En esas jornadas fueron asesinados los obreros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Arguelles, en agosto de 2007, y Al Iromi Smith, el 12 de febrero de 2008. Hubo cientos de obreros heridos y detenidos.

Marco Ameglio Samudio

Otro de los designados es Marco Ameglio, Vicepresidente del Grupo Bonlac.  Tránsfuga político que luego de pasar por varias corrientes del liberalismo, terminó en el Partido Panameñista, donde fue candidato a Alcalde y aspiró a la candidatura presidencial por ese partido, el cual ha intentado infructuosamente de controlar en varias ocasiones.

Fue Diputado y uno de los defensores de la invasión gringa de 1989.  Es hermano de Francisco Ameglio, ex diputado y uno de las principales figuras de su campaña por la candidatura presidencial del Partido Panameñista.

Francisco Ameglio está seriamente implicado en el escándalo del desfalco millonario en el FIS.  Se le acusa de gestionar miles de dólares para el Monasterio de la Visitación de Santa María de Las Cumbres, los cuales nunca llegaron a las supuestas monjas beneficiarias.

José A. Sosa Arango

El otro propuesto a la Junta Directiva de la ACP, es José A. Sosa Arango, ex Presidente de la CAPAC.  Es Socio Fundador, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Empresas Residencial, S.A. (Brisas del Golf) y Tesorero del Grupo COLFINANZAS (BANVIVIENDA).

Fue parte del Consorcio panameño venezolano Van Dam-Sosa y Barbero, del fraude millonario del Puente sobre el Canal, en un caso de la época del régimen militar donde están envueltos nada menos que el Toro Balladares, Arístides Royo y Ricardo De La Espriella, entre otros, y el ex Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez.

El contrato para la construcción de la autopista y el puente, que nunca se construyeron, fue aprobado sin licitación (como también se está haciendo costumbre con Martinelli) por el Consejo de Gabinete en 1980 por un monto por B/.100 millones. Van Dam-Sosa y Barbero recibieron pagos por B/.24.3 millones y presentaron otras cuentas por cobrar por B/.4.5 millones.

Para mayor referencia sobre este hecho de la Mafiocracia panameña, reproducimos el reportaje del diario El Siglo, del 26 de marzo de 2007.

Van Dam: poco de hierros viejos

Carmen Boyd Marciacq

cboyd@elsiglo.com

Las estructuras del puente aún reposan en Puerto Ordaz y La Victoria, en Venezuela. En Panamá y Caracas, el Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero no se cansó de exigir una indemnización por los daños percibidos que, inicialmente, ascendían a 24.5 millones de dólares, pero que ellos calculaban en 65 millones, incluyendo los quince millones de dólares de la consultora inglesa creadora del diseño del malogrado puente "Simón Bolívar".

Pese a que Sosa & Barbero fue la beneficiaria de la dictadura, nunca logró ser resarcida por los daños y perjuicios sufridos en ese período. Sus directivos debieron esperar el retorno de la democracia y no fue, sino hasta el 20 de mayo de 1999, cuando un Tribunal de Arbitraje, al que fue sometido el conflicto, resolvió condenar al Estado panameño a pagar únicamente 20 millones de dólares al Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero.

Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus ya peculiares fallos, determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente, las demandas legales siguieron su curso. Incluso, en 1995, la misma Corte exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en aquel entonces ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.

En uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, tomando en cuenta que el viejo puente de las Américas ya no llenaba las expectativas de tránsito entre la ciudad de Panamá y el resto del país.

Pérez accedió y gestionó la ayuda a través de FIVEN (Fondo e Inversiones de Venezuela), una especie de COFINA, sólo que con un radio de acción más amplio. La ayuda se pactó en 1980, por un monto de 100 millones de dólares, pero con la condición de que el fabricante del nuevo puente sería una empresa venezolana y la constructora, una panameña.

El entonces presidente, Aristides Royo, dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam, que fabricaría las estructuras, en tanto que las obras estarían a cargo de la compañía Sosa & Barbero Constructores. El contrato también incluyó otras cláusulas que beneficiaban a los amigos del régimen. Por ejemplo, las tareas de inspección serían realizadas por la Constructora Lakas, S.A.

Lo único que fue sometido a licitación internacional fue el diseño del puente, que fue ganada por una firma inglesa - Cleveland Bridge Engineering - que hasta la fecha sigue reclamando el pago de su trabajo.

En 1981, el Gobierno de Caracas inició el desembolso de los dineros con lo que se dio inicio al alquiler de equipo, movimiento de tierras (Arraiján-Cocolí), construcción de las torres principales, encofrado para pilotes, parte del tablero de la luz del puente y otros trabajos no facturados, valorados en varios millones de dólares, incluyendo la inspección, a pesar de que el puente no había sido terminado.

Pero entonces falleció el general Torrijos, el 31 de julio de 1981. Poco después, el presidente Royo fue "renunciado" (hecho que fue conocido como ‘el gargantazo’) y es reemplazado por su segundo, Ricardo De La Espriella.

En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente, que hizo eco en Caracas, los trabajos comenzaron a atrasarse. Entonces De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.

Según el encargado de las obras del puente, el entonces director de Proyectos, Rogelio Dumanoir, ésta fue la principal razón de la suspensión. Sin embargo, Dumanoir no alude las continuas acusaciones de corrupción en la administración que se hicieron en esos tiempos acerca del dinero.

Lo dijo el ex ministro Quirós

El puente Van Dam son un poco de "hierros viejos" que reposan en Venezuela y que le serán devueltos a Panamá una vez se cancele la indemnización de unos B/.25 millones a la que fue condenado a pagar el Estado por incumplir el contrato firmado en 1980 con la empresa constructora de la obra.

Así respondió el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, cuando el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares sostuvo que el segundo puente sobre el Canal que se construiría en la década de los 80 (Van Dam), estaba listo en un 80% en Venezuela y su instalación costaría B/.60 millones, pero que el gobierno de Mireya Moscoso prefería pagar la multa de B/.25 millones y construir uno nuevo por B/.300 millones.

De acuerdo con Quirós, los peritos nombrados por el tribunal arbitral determinaron que de los tableros metálicos para el piso de la obra tan sólo se contaba con el 18.5% de su avance y las torres del puente estaban construidas en 44.5%.

"O el señor Pérez Balladares está mal asesorado o es una carilimpieza inaceptable", manifestó el Ministro ante las acusaciones del ex mandatario, en su momento.

El contrato No. 97 de 2 de octubre de 1980, época en la cual el ex presidente Pérez Balladares fungía como Ministro de Hacienda disponía la construcción de un puente sobre el Canal a un costo de B/. 71.5 millones y la autopista Panamá-Arraiján por B/.23.2 millones.

Según el MOP, para instalar el Puente Van Dam y construir sus accesos por B/.60 millones, el costo al final, con los pagos ya hechos y las indemnizaciones, implicaría una cifra superior a los B/.150 millones. Además se alega que el puente Centenario y sus dos autopistas de acceso tendrán un costo de B/.188 millones y no los B/.300 millones.

Génesis del puente que nunca se construyó

A fines de los años 70, en uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá.

El entonces presidente Aristides Royo dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam.

En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente, que hizo eco en Caracas, los trabajos comenzaron a atrasarse. Entonces De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.

El puente Van Dam son un poco de "hierros viejos" que reposan en Venezuela y que le serán devueltos a Panamá una vez se cancele la indemnización de unos B/.25 millones a la que fue condenado a pagar el Estado por incumplir el contrato firmado en 1980 con la empresa constructora de la obra.

El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares rechazó reanudar el contrato con Van Dam, porque, según expresó, "me trae muy malas memorias". Pérez Balladares fungía como ministro de Hacienda y Tesoro para la firma del contrato en 1980, pero en 1995 la Corte Suprema de Justicia lo exoneró de cualquier responsabilidad. El ex mandatario Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella fueron investigados, pero nadie resultó culpable.


 


 







Enviado el Martes, 16 febrero a las 19:29:51 por franckoi
 
  Enlaces Relacionados
· God
· God
· God
· Ms Acerca de Frenadeso Nacionales
· Noticias de franckoi


Noticia ms leda sobre Frenadeso Nacionales:
Genaro López (SUNTRACS)

  Votos del Artculo
Puntuacin Promedio: 0
votos: 0

Por favor tmate un segundo y vota por este artculo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

  Opciones