El Frente Amplio por la Democracia (FAD), rechaza el aumento del 8.4% a la tarifa del servicio de electrificación en el país. Contrario a lo que manifiestan los representantes de ASEP, el aumento de tarifa afecta al pueblo, pues conocido es que los empresarios (como ya han confesado) trasladan sus costos a los consumidores ya que ellos nunca sacrifican sus altos márgenes de ganancia. Esta medida del gobierno de Juan Carlos Varela eleva el costo de la canasta básica familiar y pauperiza aún más las condiciones de vida del pueblo panameño.
Meses atrás el gobierno, a través de ETESA, señalaba que producto de la planta eléctrica de gas natural en Colón el pueblo no recibiría aumentos de tarifa a partir de abril del 2018, aun cuando aumentara el precio del petróleo. Hoy desdice de este argumento, justificando como una de las causas del alza, el aumento del precio del petróleo. Recordar el conflicto de intereses en este proyecto por colocar mejor sus capitales, por parte de los grupos del poder económico (Véase FRENADESO
“La pelea de los consuegros de Pipo Virzi: Motta y Mello Alemán, por las plantas de gas natural”).
El otro argumento de la entrada tarde de la línea tres de transmisión, constituye un subterfugio más, en una política de negociados que se esgrime en la actividad del servicio de energía eléctrica. Recordar que el proyecto, impulsado por ETESA, fue adjudicado a Odebrecht en 2013. Lo que sí ha significado la línea tres, es un sobrecosto de 30% producto de las pugnas interburguesas por mayor ganancia.
Lo cierto es, que la actividad de electrificación se ha constituido en un gran negociado, que el poder económico tiene garantizado a partir de sus vínculos con los gobiernos, quienes se han caracterizado por realizar nombramientos clave en la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), para garantizar negociados de sus grupos de poder económico. Aquí hay corruptos y corruptores, cuyo costo de la corrupción lo pagamos los sectores populares.
Frente al rechazo del incremento de la tarifa eléctrica por parte de diversos sectores sociales al nivel nacional, los grupos del poder económico buscan “saldar la situación”. Proponen un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, a partir de la búsqueda de recursos públicos para cubrir el incremento. Realmente se trata de un gatopardismo “cambiar algo, para que nada cambie”, pues es el pueblo con sus impuestos será quién asumirá el financiamiento. Realmente se busca salvaguardar los intereses de empresarios, lavar la cara de la Asamblea Nacional y aprobar al Ejecutivo algunos proyectos.
Además, es claro que a lo largo de toda este negociado los empresarios reciben subsidios e intensivos que les permite acumular grandes riquezas. Es el pueblo el que le toca pagar varias veces la energía eléctrica:
• Con la inversión en infrastructura, construcción, operación, mantenimiento.
• Con el traspaso de los costos a los bienes de consumo.
• Con el pago directo cada mes del consumo de energía.
• Con las deducciones que hacen los empresarios del impuesto sobre la renta, gracias a las leyes de privatización aprobadas por los partidos tradicionales en la Asamblea.
Claro que se deben eliminar todas las planillas que involucran botellas y clientelismo político. Los recursos deben ser utilizados en la atención de las demandas sociales de la población. Lo que no podemos permitir es más engaños, como se hizo cuando supuestamente se eliminaron las partidas circuitales y hoy aparecen como planillas numeradas, quizás mañana “alfabetizadas”, o tal como se hizo con el
FIS - FES - PAN - DAS.
Toda la información de quienes deben ser responsables del tema energético ha sido engañosa, pero, sobre todo, no menciona para nada, lo que a nuestro criterio es lo esencial: el modelo económico basado en el consumismo y el derroche de energía.
Hasta ahora, el modelo energético panameño se ha correspondido con los intereses de los grupos de poder económico que sustentan la partidocracia, en asocio con las grandes corporaciones internacionales que controlan el mercado de la energía en el mundo.
El FAD se compromete con una política energética que sirva al desarrollo de las fuerzas productivas para impulsar un desarrollo sostenible, que responda a los intereses de la mayoría del pueblo panameño, respetuoso de los ecosistemas y forjador-fortalecedor de nuestra Soberanía. El FAD plantea una Política Energética que responda al modelo económico sostenible, que prioriza la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, que respete los ecosistemas y construya y fortalezca nuestra Soberanía.
Ello implica romper con el modelo de crecimiento económico derrochador de energía y depredador del ambiente.
Llamamos al pueblo honesto y trabajador a seguir en la lucha contra el alza de la tarifa eléctrica y demás problemas que nos aquejan. Condenamos la brutal represión a los estudiantes universitarios y la violación a la autonomía de la Universidad de Panamá.
Dejamos claro que esta política de negociados en la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica es una conducta de todos los partidos tradicionales (PRD, CD, Panameñistas, MOLIRENA, Partido Popular y sus satélites), quienes impusieron la privatización del IRHE, concesionaron nuestros ríos para hidroeléctricas, encarecieron el servicio y lucran con el servicio eléctrico.
Criterios esenciales de la política energética del FAD:
Panamá, 13 de julio de 2018.