Frente a la podredumbre que vive el país producto de los escándalos de corrupción, comienzan a aflorar ‘salidas' cosméticas a la crisis que salven a todas las fracciones de clase que ostentan el poder económico y político, pues todas están involucradas.

Los fallos que se han hecho y se harán, como señalara la procuradora, como resultado de grandes presiones del poder económico, mediático, de empresarios, grandes bufetes y bancos a los que no les interesa que aflore la verdad, siempre ha sido así y responden al llamado tráfico de influencias y de sobornos que ha caracterizado a la Corte Suprema de Justicia. Pero, además, supuestos deslices en que incurren las fiscalías y sus equipos de trabajo, violaciones injustificables al debido proceso y garantías, errores garrafales y hasta infantiles, no son hechos nuevos ni casuales. Este es el lavado judicial que, a punta de tecnicismos, sirve para que los ladrones de cuello blanco se escabullan y evadan la justicia.

Con ello, quedarían impunes un numero plural de individuos y empresas, al menos una veintena de bufetes, una decena de bancos, los tres últimos Gobiernos y sus presidentes, diputados, alcaldes, entre otros.

Esta es una muestra más de la corrupción reinante en el país y hasta dónde ha llegado una Corte que ha sido capaz de demostrar públicamente lo que declaró uno de los suyos, que su función no es impartir justicia, sino ‘vender fallos y archivar expedientes'.

En materia electoral, es, a todas luces, un complot de aquellos que siempre han manejado los hilos de poder, controlan todas las cúpulas de los partidos tradicionales y que hoy tienen fichas que se presentan como ‘independientes'.

Por otro lado, empresarios y elementos de la ‘sociedad civil' comienzan a desempolvar el proyecto de reformas constitucionales a partir de estructuras creadas con antelación que les son útiles a sus intereses, para que impulsen en el seno de la Asamblea de Diputados (en dos periodos consecutivos) los supuestos cambios a la Constitución. Es decir, que los involucrados en la corrupción serían quienes aprueben las nuevas normas, que sin lugar a duda estaría dirigida a preservar sus canonjías y la impunidad que reina en el país para los ladrones de cuello blanco.

El pueblo no olvida los atracos de los diputados: 420 millones del PAN que garantizaron a muchos su reelección; el negociado con las partidas circuitales, donde se giraban cheques a nombre de terceros y que ellos cobraban; la aparición de empresas y sociedades de diputados en la lista de Odebrecht; la aprobación de proyectos lesivos a los intereses de la población, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles y el valor catastral que hace el sistema más regresivo (quienes más ingresos poseen pagan menos), si no, miren lo que ha sido aprobado en el marco del primer debate del proyecto 509; solo por mencionar los más recientes.

Rechazamos estas prácticas gansteriles. Por ello, organizaciones del movimiento popular panameño se reunieron para evaluar la coyuntura y preparar un plan de acción inicial para hacerle frente a los escándalos de corrupción y a los fallos que favorecen a los poderes oligarcas, irrespetando al pueblo panameño, donde se demuestra, una vez más, la actitud de descaro de los integrantes de la mafiocracia criolla, aupados en colusión, por los poderes del Estado.

Se acuerdan acciones como: conferencia de prensa; uso de las redes sociales, tuitazos bajo los lemas ‘No + Impunidad', ‘Basta de Corrupción' y ‘Cárcel para los corruptos'; acciones en las calles, acompañado de volanteos y piqueteos; la marcha del jueves 7 de septiembre hacia la CSJ y el sábado 9 de septiembre, a partir de las 9:00 a. m., en la Universidad de Panamá, encuentro de dirigentes populares.

Con el mensaje alto y claro de: ‘Contra la corrupción, CONSTITUYENTE ORIGINARIA', las organizaciones se preparan para más jornadas de lucha en defensa de los derechos e intereses del pueblo panameño.