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[Video] Panamá: ¿Quién responderá por estos crímenes?

 

 

 




Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión policial en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en el Estado.

En medio de las denuncias de todo tipo sobre los numerosos casos de corrupción que envuelven a políticos de todos los partidos tradicionales, los medios han prestado muy poca atención a los crímenes atroces cometidos durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli, al abuso policial y a la brutal violación de los derechos humanos.

Ello es así porque la clase dominante, los clanes de la mafiocracia y el establishment están más preocupados en cómo dirimir sus conflictos de intereses respecto a los grandes negociados, hacerse de cuotas de poder dentro del Estado y buscar chivos expiatorios para salvaguardar su ya podrida institucionalidad.

Para ello han dado rienda suelta al periodismo más amarillo y sensacionalista, que constituye una bofetada a los comunicadores serios e íntegros que celebran este 13 de noviembre el Día del Periodista.

Estos crímenes que enumeraremos siguen impunes a pesar de las denuncias y de los recursos presentados ante los tribunales de justicia. Y es que en Panamá el sistema está diseñado para que las violaciones de este tipo nunca sean castigadas, pues enfrentamos un aparato encubridor que se encarga de alterar las escenas de los crímenes, sembrar pruebas falsas, amañar expedientes y sobreseer a los culpables a cómo dé lugar. Todo ello para no responsabilizar al Estado por estos crímenes.

De esta manera, personajes como José Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Frank Ábrego (SENAFRONT, ratificado por Varela), Julio Moltó, Olmedo Alfaro (Consejo Nacional de Seguridad), Jaime Trujillo (SPI), altos comisionados de la Policía y el propio Ricardo Martinelli, están pasando agachados frente a lo que sin duda son crímenes de lesa humanidad, los cuales, de acuerdo a convenios internacionales suscritos por Panamá, no prescriben.

El silencio de los grandes medios de comunicación y de los personajes del establishment acerca de estos crímenes y en torno a los reclamos de la justicia demuestra el desprecio del poder económico y político a estas víctimas que padecieron la crueldad de un gobierno represor y a los familiares que lloran sus muertos. Esto es así porque para ellos la vida de los pobres no vale nada.

Esto se confirma con el tratamiento indiferente que le dan a la lucha del SUNTRACS por la liberación de “Juana Peña”, autor intelectual del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, y la querella presentada en la Asamblea Nacional de Diputados contra los magistrados corruptos, Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco.

La masacre de Changuinola (10 muertos)

El Consejo de Gabinete presidido por Ricardo Martinelli y su vicepresidente, Juan Carlos Varela, envió a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley sobre la aviación comercial, que escondía dentro de él un conjunto de medidas que afectaban a otras leyes al incluirse la eliminación del derecho a huelga y la cuota sindical; se legalizaba la pena de muerte al otorgársele a los policías licencia para matar y se eliminaban los estudios de impacto ambiental.

Este proyecto de ley inconcebible, que reformaba tres códigos y seis leyes nacionales, fue aprobado a tambor batiente, en un madrugonazo, sin mediar real consulta ciudadana, por miembros de las bancadas de Cambio Democrático, Partido Panameñista y Molirena dentro de la Asamblea Nacional de Diputados presidida por José Luis Popi Varela, hermano del actual presidente y en ese entonces vicepresidente y canciller de la república, Juan Carlos Varela.

Semejante engendro jurídico, conocido oficialmente como la Ley 30, el pueblo lo bautizó como la Ley Chorizo. El epicentro de la lucha lo constituyó la ciudad de Changuinola, donde los trabajadores bananeros, mayoritariamente indígenas, declararon una huelga indefinida y, junto al resto de la población, efectuaron una heroica jornada de resistencia civil que fue brutalmente reprimida por las huestes policiales.

De acuerdo a cifras oficiales y a los miembros de una comisión investigadora nombrada por el mismo gobierno, comunicó esta que «recibió información que acredita que durante las protestas de Changuinola resultaron oficialmente fallecidos los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo en enfrentamientos con policías antimotines en Finca 12 y en el puente sobre el río Torres, respectivamente. Dichas muertes fueron consecuencia de las heridas de perdigones sufridas, tal como lo revelan los informes de necropsias que se adjuntan. Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15 metros».

El informe agrega: «Resultaron atendidos con heridas de perdigones más de 700 ciudadanos, 67 de ellos sufrieron heridas de perdigones en sus ojos que les han ocasionado pérdida parcial de visión y 2 ciudadanos sufrieron pérdida total de la visión.

Se confirmó la participación de tropas de SENAFRONT y del Servicio Aeronaval.

«La Comisión investigó los casos de los ciudadanos Rubén Marvin Becker Abrego y Liandro Santos Breabu, quienes fallecieron en Changuinola los días de las protestas. Conforme a declaraciones de sus familiares, los fallecimientos se debieron a los efectos de las bombas lacrimógenas disparadas por la Policía Nacional».

En total, se reconocieron cuatro muertos. Sin embargo, de acuerdo al informe de una misión internacionalista auspiciada por FRENADESO, la Caravana Internacional por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo Panameño,la cifra de víctimas fatales podía a elevarse a seis ya que los testimonios dieron cuenta de al menos un niño fallecido y un anciano con problemas respiratorios que murieron ahogados por la gran cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. Otros testimonios hablan de cinco niños, elevando la cifra a un total de diez, tal como lo consignó un informe de la Defensoría del Pueblo.

La salvaje represión en Changuinola originó una ola de indignación popular. En Panamá, organizaciones como FRENADESO convocaron a una huelga nacional y a movilizaciones y vigilias en todo el país.

El sábado, 10 de julio, en el marco de un encuentro de dirigentes organizado por FRENADESO en el Hotel Soloy, más de 200 compañeros fueron arrestados y se giró orden de detención contra unos 20 dirigentes de FRENADESO, en base a expedientes amañados que entre otras absurdas acusaciones incluía un supuesto intento de paralización del Canal. Entre los compañeros señalados se encontraban Genaro López, Saúl Méndez, Andrés Rodríguez, Gabriel Castillo, Jaime Caballero, Maribel Gordón, Gloria Castillo, Ronaldo Ortiz y Mario Almanza.

Jaime Caballero, del SUNTRACS, fue arrestado en su casa en David, Chiriquí, trasladado en avión a la ciudad capital y encarcelado en la DIJ junto a Ronaldo Ortiz, del FER-29.

Mientras tanto, un bloque de búsqueda se mantenía tras la pista de Genaro López y Saúl Méndez para capturarlos y, junto a Caballero y Ortiz, por orden del fiscal Ángel Calderón (el mismo de «Ayúdame, Calderón») trasladarlos a La Joya, donde serían asesinados por delincuentes comunes.

Gracias a la presión popular, los compañeros fueron liberados aunque se les impusieron medidas cautelares. La ley fue derogada y se estableció una mesa de diálogo que produjo otra ley. Pero estos diez asesinatos y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y las garantías fundamentales de los panameños todavía siguen impunes.

Infierno en la cárcel de menores (5 muertos)

Solo seis meses después de los abominables hechos de Changuinola, un 9 de enero, mientras FRENADESO conmemoraba la gloriosa gesta de 1964, en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, unos policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la cárcel para sofocar una protesta de los reclusos que demandaban agua, que no tenían durante esos calurosos días del mes.

Todo fue filmado. Se escuchaba en las imágenes de televisión los gritos de dolor de los jóvenes detenidos y cómo imploraban por ayuda y llamaban a sus familiares, mientras que un policía vociferaba, «¿Agua, no son hombrecitos?, ¡muéranse!».

En las aterradoras vistas de las televisoras se observó cómo los jóvenes quemados eran sacados de las celdas a punta de palo e introducidos en vehículos policiales que se dirigieron al Hospital Santo Tomás.

Siete jóvenes resultaron quemados, cinco de ellos murieron y dos sobrevivieron con graves lesiones en el cuerpo.

Los más de noventa testigos, en su mayoría policías y custodios, se han negado a colaborar con las investigaciones. Estos cinco crímenes siguen impunes.

Masacre de San Félix (3 muertos)

Los pueblos originarios se levantaron contra el proyecto de ley que concedía  territorios indígenas para la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera.

El momento álgido de la lucha fue el 5 de febrero de 2012. En la noche previa, en un operativo jamás visto, se interrumpió el fluido eléctrico y se cortaron las comunicaciones en una vasta área de la comarca Ngäbe Buglé y a lo largo de la Interamericana desde Veraguas hasta Chiriquí. Las operaciones estuvieron dirigidas por uno de los hombres de confianza de Noriega, Gustavo Pérez, un maniático de la guerra que introdujo en el área helicópteros, equipos pesados y tropas del SENAFRONT para enfrentar a un pueblo indefenso. Meses antes, las operaciones conjuntas militares Panamax, dirigidas por el Comando Sur de Estados Unidos, se habían basado en una hipotética insurrección indígena.

Ese día cayó muerto por bala el joven indígena Jerónimo Rodríguez Tugri. En fotos de La Estrella de Panamá se observa al mayor Rodolfo Jiménez cuando dispara un arma Browning de 9 mm. Esta arma, que no es la reglamentaria, había sido sustraída ilegalmente por Jiménez de la Policía Nacional. Siendo hombre de confianza de Gustavo Pérez, la policía indicó que el arma no se disparó, por lo que se eximió de culpa al oficial.

Las protestas estallaron a lo largo y ancho del país con movilizaciones y cierre de calles, en las que participaron, además de los grupos indígenas, las fuerzas de FRENADESO y SUNTRACS.

Esa misma noche del 5 de febrero, en Las Lomas de David, Chiriquí, mientras miembros de la comunidad mantenían una vigilia luego de las marchas y el cierre del puente sobre el río Risacua organizado por FRENADESO/SUNTRACS, fue asesinado por agentes policiales enmascarados de SENAFRONT el joven de 17 años y minusválido Mauricio Méndez, mientras estaba sentado tranquilamente con sus compañeros. Méndez recibió un disparo de escopeta a quemarropa en su rostro, que se lo destruyó completamente. Las fotografías de los medios revelaron un cuadro de horror.

Tras cientos de heridos y detenidos en todo el país por las jornadas de protesta, se logró frenar el proyecto de ley y se montó una mesa de negociaciones, acaparada principalmente por elementos vinculados a los partidos tradicionales, pero sus resultados no fueron del agrado de amplios sectores. Un sector de la denominada dirigencia indígena transó y claudicó en la lucha. Son los mismos que todavía siguen hoy traicionando, cooptados por el gobierno de Varela.

Celio Guerra, en ese momento presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buglé y uno de los líderes de la resistencia que acamparon varias semanas en los predios del Palacio Legislativo, denunció estas claudicaciones, al igual que la dirigencia de la Unión Indígena Campesina (UIC) y la Unión Campesina Panameña (UCP).

Posteriormente se conoció que otro indígena, de apellido Miranda, falleció en una zona apartada de la comarca como consecuencia de las heridas recibidas y que una menor de 13 años fue violada por policías.

En total, tres crímenes que siguen impunes.

Masacre de Colón (4 crímenes)

En octubre de 2012, tras la pretensión del gobierno de Martinelli de vender las tierras de la Zona Libre de Colón, se gestó un fuerte movimiento que prácticamente llevó a la insurrección a dicha provincia.

La provincia se paralizó totalmente por casi dos semanas, mientras se desarrollaban acciones de protesta que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Nacional.

El movimiento recibió la solidaridad de amplios sectores del país.

De acuerdo a un informe de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), del 19 al 26 de octubre de 2012 hubo cuatro muertos y catorce heridos con arma de fuego.

Los muertos fueron el niño Josué Patricio Vega, de 9 años, la trabajadora Yara Itzel Navarro, el indígena Jimmy Dixon, y la conductora de ambulancia Irasema Ramos.

Los heridos fueron afectados con arma de fuego y perdigones en la ingle, glúteos, riñón, muslo, ojos, pulmón y espalda.

El informe señala que en la represión participaron miembros de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Los miembros de la Fuerza Pública señalados irrumpieron en las viviendas de forma amenazante, agredieron a patadas y golpes a las personas, además de cometer violación judicial y administrativa del debido proceso.

El viernes 26 de octubre, un día después del Día del Constructor, el SUNTRACS convocó a lo suyos a una huelga nacional y a movilizaciones en todo el país.

En la ciudad capital, una manifestación masiva se dirigió a la Asamblea desde varios puntos para exigir la derogación de la Ley.

Las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas y aprovechadas por elementos infiltrados al servicio de diputados oficialistas y facinerosos para provocar saqueos.

Se produjeron cientos de arrestos de obreros y un número alto de heridos. Los arrestados fueron conducidos a las dependencias de la Policía en Gamboa, convertidas en tribunal de justicia, donde se le impusieron onerosas multas.

Tras esta jornada del SUNTRACS, la ley fue derogada, pero los cuatro crímenes siguen impunes.

Otros hechos

Pueden enumerarse otros hechos de clara violación a los derechos humanos, como el caso de los dos niños indostanes asesinados por la Policía en un retén en San Carlos el 23 de octubre de 2013, como parte de una seguidilla de disparos contra autos en movimientos que efectuó la policía durante aquellas semanas, siendo una de las víctimas el candidato presidencial del FAD y líder obrero, Genaro López, y su familia.

También debemos mencionar los cientos de obreros arrestados, un día después que José Raúl Mulino los llamara «maleantes de mierda». Los detenidos, entre el 16 y 18 de septiembre, cuando FRENADESO y la Coordinadora por el Derecho a la Vida organizaron una multitudinaria marcha contra el 7 % y la Ley Carcelazo, fueron trasladados a las cárceles de La Joya y La Joyita, y el alcalde panameñista, Bosco Vallarino, asesorado por el actual alcalde, José Blandón, siguiendo instrucciones de Martinelli, impuso fuertes multas para dejarlos libres.

Debemos mencionar las muertes por la bacteria KPC y los neonatos en la Caja de Seguro Social (CSS), bajo administración de Guillermo Sáez Llorens, que, al igual que los cientos de muertos por envenenamiento masivo con dietilenglicol durante el gobierno del PRD de Martín Torrijos, siguen impunes.

Y qué decir de la presencia amenazadora de Ricardo Martinelli y sus amigos en la comunidad de Pixvae en la Semana Santa de 2012, con el fin de intimidar a los ciudadanos y obligar a varios de ellos a abandonar sus propiedades y entregarlas al magnate Jean Pigozzi (propietario de Isla Canales o Simca Island, así llamada por la marca de carros que fabricaba su padre).

A los asesinatos de la era Martinelli se suman los tres obreros del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith, ultimados por el gobierno del PRD de Martín Torrijos, que tuvo como jefe policial a Rolando Mirones. Y a los cuatro panameños, incluido el obrero del SUNTRACS Rufino Frías, asesinados en la lucha contra las reformas al Código de Trabajo de 1995.

Está también el caso de los jóvenes de origen chino de La Chorrera, en donde se ha denunciado que se encuentran implicados policías.

A ello hay que agregar los ataques constantes contra campesinos, indígenas y ecologistas en los alrededores de los proyectos de Petaquilla y Barro Blanco, la represión contra moradores de comunidades, educadores, pescadores pacientes de enfermedades crónicas, envenenados con dietilenglycol, trabajadores en huelga, estudiantes universitarios y secundarios, incluida la toma por parte de la policía del Instituto Nacional, y los numerosos casos de feminicidio como el de la joven chiricana Vanesa Rodríguez, asesinada por el soldado norteamericano Omar Vélez, quien bajo protección de la Embajada gringa y la complicidad de las autoridades locales, logró escapar del país.

En fin, es un largo rosario de crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por los distintos gobiernos en los últimos 25 años, que incluyen desapariciones y homicidios no esclarecidos de periodistas, abogados, otros profesionales y ciudadanos de a pie.

Nosotros insistimos ante los medios y el establishment entretenidos con otros casos: ¿quiénes responden por estos crímenes?

Son al menos 22 asesinatos como consecuencia de la represión policial en la era de Martinelli. Son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar en el olvido y cuya responsabilidad recae enteramente en el Estado.

Solo una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, convocada por el pueblo soberano, que barra con la institucionalidad putrefacta, podrá brindarnos justicia real.

Ofrecemos este video y pedimos disculpas por las fuertes imágenes.  Data del 10 de febrero de 2012 y no incluye los hechos de la Masacre de Colón.

 

Los Crímenes de Martinelli 1 


Los Crímenes de Martinelli 2










Enviado el Jueves, 13 noviembre a las 10:10:02 por franckoi
 
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