En efecto, en Panamá la única regla vigente del actual sistema político es la complicidad que otorga la impunidad. Tal como se demuestra PRD, panameñistas, PP, CD y Molirena, podrán enfrentarse electoralmente, pero entre todos ellos existe un acuerdo expreso para cerrar filas a la hora de exigir responsabilidades políticas por actos de corrupción o negligencias gubernamentales. En la mafiocracia, se vale que todo quede en descalificaciones mediáticas, la única arena válida de las disputas. Pero en el terreno jurídico, todo pasa y todo se empantana.

En este sentido, el pueblo tiene la sensación de que frente a las nuevas denuncias surgidas no volverá a pasar nada. Eso será así mientras estos clanes de la mafiocracia sigan manejando al país, los órganos de Estado, los partidos políticos y jugando con la opinión pública, gracias al control que ejercen sobre importantes medios de comunicación social.

Lo vivido el pasado lunes, donde una Subcomisión de Garantías, nombrada por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, ventiló los cargos contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, es el nuevo ‘show mediático’, tal como se hizo con la contralora. Pasada la euforia de los principales medios de comunicación, se ha logrado comprobar graves violaciones a la Constitución y al Código Penal.

Que el pueblo no se equivoque. Dicen los medios que los ‘shows’ que promueven son para devolverle la confianza de la ciudadanía en la justicia. Primero, esa confianza nunca ha existido. El pueblo sabe que las cárceles están llenas de pobres, negros, cholos, indígenas; los ladrones de cuello blanco nunca pisan una cárcel. Y por otra parte, es sabido que todo lo actuado es para garantizarle la impunidad al magistrado Moncada Luna, mientras se entretiene a la población y se desvía la atención de los problemas fundamentales.

Preguntamos: ¿se juzgará también a otros magistrados que, junto a Moncada Luna, firmaron fallos cuestionables? Allí está la lucha del Suntracs denunciando a tres magistrados (Luis Mario Carrasco, Harry Díaz y Víctor Benavides), quienes de un solo plumazo anularon el veredicto de un jurado de conciencia y el fallo del pleno de la Corte, y ordenaron la libertad de Rogelio Ramos, autor intelectual del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo.

Lo cierto es que por lo que se juzga a Moncada Luna representa menos de un 0.25 % de los más de 400 millones de dólares que se llevaron los diputados del PAN, los encargados de juzgarlo en el pleno, y un grano de arena en comparación con lo que se han llevado los políticos corruptos en los diversos gobiernos.

Debemos recordar que Moncada Luna fue designado por el Gobierno de Martinelli y el vicepresidente Varela, en enero de 2010, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto a José Abel Almengor, quien renunció en 2011 tras un escándalo. Almengor fue reemplazado por Harry Díaz.

El pueblo se asquea de tanta basura acerca de la justicia, mientras se debate en medio del alza del pasaje, de la canasta básica familiar, de los bajos salarios, de la inseguridad, de los crítica situación de salud, falta de agua potable, pésima situación de los colegios, entre otros tantos problemas.

Estamos en la prolongación de la crisis de Justicia, con los mismos actores, tan solo que hoy algunos en bandos diferentes. Solo una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, autoconvocada por el pueblo, podrá barrer con la podredumbre moral de las instituciones, y fundar una Patria para Todos.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.