Impunidad garantizada

"La intimidación, las amenazas, los atracos y hurtos, los ataques y asesinatos no son castigados"

Por: Genaro López

Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación, las amenazas, los atracos y hurtos, los ataques y asesinatos no son castigados. Este ha sido el destino de altos funcionarios, los cuales, a pesar de lesionar los intereses nacionales y sociales, no son juzgados y condenados.

La semana pasada fuimos testigo del sobreseimiento de Martín Torrijos, principal responsable en el caso CEMIS, a pesar de las pruebas existentes, algunas de ellas proporcionadas de manera directa o indirecta por sus copartidarios.

En el 2002 explotó el escándalo del Centro Multimodal Industrial y Servicios (CEMIS), cuando el diputado Carlos ‘Tito’ Afú, en ese entonces miembro del PRD, con varios fajos de billetes en la mano mostraba parte del dinero que un copartidario suyo le había entregado en un sobre para la aprobación del proyecto CEMIS. Aseguraba Afú que lo mismo habían recibido otros colegas suyos del PRD. Ante la magnitud del escándalo se inició una investigación sobre el caso, donde Martín Torrijos fue directamente acusado por Ernesto Pérez Balladares como el principal responsable, basado fundamentalmente en los testimonios proporcionados a él por varios de sus copartidarios implicados en el soborno para la aprobación de este contrato ley que crearía el CEMIS.

El 8 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó la nulidad de lo actuado basándose en meros tecnicismo legales: ‘violación al fuero penal electoral del señor Torrijos’; es decir, salvan a Torrijos por un mero tecnicismo legal, lo cual no significa que lo absuelven de su culpabilidad en este grave caso de corrupción.

El Fallo de la CSJ a favor de Torrijos en una clarinada de que los actuales casos de corrupción en la palestra, como el escándalo del PAN que envuelve a diputados de Gobierno y ‘Oposición’ y que ponen en entredicho la legitimada de las últimas elecciones, correrán la misma suerte, si el pueblo no deja sentir su rechazo a estas prácticas y a la impunidad.

Por otro lado, Suntracs presenta incidente de nulidad contra aberración jurídica de la CSJ, quien liberó por supuestos tecnicismo legales a Rogelio Ramos, alias Juana Peña, sentenciado a prisión por tentativa de homicidio en el caso donde fue asesinado el 14 de agosto de 2007 el compañero Osvaldo Lorenzo, trabajador de la construcción y miembro del Suntracs.

Sobre este caso, tenemos que recordar que fue bajo el Gobierno PRD de Martín Torrijos que se introduce el sicariato y el asesinato por parte de policías, como forma de dirimir los conflictos laborales. Durante ese período fueron asesinados dos miembros más del Suntracs: Luiyi Argüelles en la Isla Viveros (2007) y Al Iromi Smith (2008).

El fallo, con fecha del 11 de septiembre de 2014, lleva la firma de los magistrados de la CSJ Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), Víctor Benavides y Harry Díaz. Carrasco, Mejía y Benavides fueron nombrados en el Gobierno del PRD de Martín Torrijos y Harry Díaz en el Gobierno de Martinelli-Varela.

El fallo es absurdo y sienta un precedente funesto en el país. No solo se anula la sentencia dictada en base al veredicto de un Jurado de Conciencia, sino que la petición de la defensa del condenado, autor intelectual del asesinato de Lorenzo, era que se rebajara la pena y lo que ordenaron los magistrados fue su liberación inmediata.

Este fallo de la CSJ forma parte de la larga cadena de aberraciones jurídicas que sostienen el régimen de impunidad reinante en el país. La impunidad viene siendo garantizada desde la misma institucionalidad que debe velar por la justicia.

Ello presupone la antesala de la impunidad de otros casos como el manejo de los fondos del PAN, los radares de Finmeccanica, Financial Pacific, los sobrecostos en los proyectos del Gobierno, la corrupción y el atraco al erario por parte de ladrones de cuello blanco.

Al pueblo se le sigue negando justicia.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

Impunidad garantizada