COMUNICADO
Han transcurrido 64 meses desde que se diera a conocer este fatídico y mortal hecho cuyo resultado sigue siendo muertes y secuelas severas a los que hoy sobreviven al letal tóxico dietilenglycol. Mientras el partido gobernante y la clase política opositora triaban en temas del acontecer, coyunturales y electorales, continúa el viacrucis y peregrinar de las victimas, que solo clamamos justicia y un futuro digno, que se nos respete nuestros derechos y se nos brinda una adecuada calidad de vida.
Las falsas promesas, la carencia de una adecuada planificación y seguimiento para con las victimas (visitas/llamadas, citas expeditas, trasplantes de riñones, pampers, otros), la falta de medicamentos y de tratamientos médicos adecuados, aunado a la falta de voluntad y de medidas sociales reales hacen evidenciar la perdida de confianza y credibilidad de quienes nos gobiernan.
Por un lado tenemos un crecimiento económico envidiable en la región, con referentes como el canal de panamá, la zona libre de colon y el potencial turístico, entre otros factores económicos nos hacen ser reconocidos un país próspero, por otro lado existe un derroche de dichos recursos tanto del gobierno central como de la propia administración de la CSS, en megaproyectos capitalinos, proyectos “llaves en manos”, compra de equipos militares, para viajes al exterior, nombramientos de amigos y familiares, aumentos de salarios que no se justifican en la CSS, para financiar carnavales, entre otros, reflejan el poco interés en invertir para mejorar la salud de los afectados, en consecuencia resolver este problema.
La actual administración de la CSS encabezada por Sáez Llorens –Marlon de Sousa, la junta directiva, el Ministerio de Salud y el Consejo de Gabinete, en lugar de hacer cumplir lo estipulado en la ley 13 del 29 de marzo del 2010 y en la Constitución Nacional en materia de salud, presentan y aprueban una propuesta cínica, injusta e inhumana denominada “Pensión vitalicia CSS” con un aditivo como es la firma de un finiquito por cada victima, esto no solo busca renunciar, sino ceder nuestros derechos, derechos irrenunciables y consagrado en nuestra carta magna por los daño causados por el Estado.
Lo más lamentable e inmoral de este hecho es que siendo la institución CSS, lugar donde de produce y distribuyeron dichos medicamentos envenenados, es la misma institución cuya actual administración en conjunto con la dirección del centro de toxicología, no le cumplen a las victimas como al Instituto de Medicina Legal, según declaraciones de su director Dr. Más para el análisis de los expedientes clínicos; mienten descaradamente y de manera irresponsable no compran medicamentos a los pacientes, violando las normas existentes para este caso, adicional destituye de manera caprichosa y política a nuestro presidente y dirigente Gabriel Pascual.
Finalmente, reiteramos que existen obstáculos en el proceso de atención como en el análisis de los expedientes, ambos atribuidos a la mala gestión de la actual administración CSS-MINSA, por ende continuaremos con las acciones de fuerzas pertinentes y necesarias a nivel nacional, por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones populares, sindicatos y pueblo en general a que nos acompañen en esta lucha.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
PRESIDENTES CAPITULARES
MIEMBROS DEL COMITÉ DE FAMILIARES
Dado en la ciudad de Panamá a los quince días del mes de febrero del 2012