Jornada de Lucha Popular en homenaje al Compañero Eustaquio Méndez 

El Funeral de Eustaquio Méndez se efectuará este jueves 14 de abril, a las 9:30 a.m. con un acto que iniciará en el Centro Regional Universitario de Colón. Será sepultado luego en el Cementerio de Buena Vista.

Agradecemos acompañar en su dolor a los familiares de este luchador social...

A continuación el Comunicado de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo:

COMUNICADO

En lo que va del año el deterioro de las condiciones de vida del pueblo panameño se ha incrementando colocándolos en un estado de insatisfacción de las principales necesidades materiales de vida.

La pérdida del poder de compra de los salarios es manifiesto ante el incremento de los precios del combustible, de los alimentos, de los medicamentos y servicios de salud, del transporte público colectivo y selectivo. Es decir, el salario real de los trabajadores se reduce, sin que el gobierno de Martinelli adopte medidas de política económica que protejan y garanticen el derecho a la vida de las grandes mayorías del país.

La escalada inflacionaria supera el 5%, el costo de la canasta de alimentos en el mes de febrero aumento casi 15 dólares y se espera para este mes de abril un aumento adicional mayor a los 25 dólares, con lo cual esta se hace incomprable para los que perciben salario mínimo. La cadena oligopólica de supermercados ha aumentado los precios de todos los bienes necesarios sin que ACODECO actuara en defensa de los consumidores.

El transporte público sigue siendo un calvario para los miles de panameños. Hoy se paga más y se legaliza el ir parado en los buses de corredor, se hacen largas filas por más de media hora, se destinan casi cuarenta y cinco minutos más en el recorrido y se reduce la frecuencia de prestación de servicio ante la disminución de la oferta de buses colectivos en el mercado que no permite cubrir la demanda. Este es el “así sí” del metro bus,. Además, transportistas han denunciado el negociado que se tiene en torno a los llamados “diablos rojos” que salen de circulación; al igual que fue evidente que a pesar que con nuestros impuestos se paga subsidio al diésel para el transporte colectivo, el gobierno demora en el pago del mismo. Las estructuras oligopólicas de la distribución del combustible siguen siendo fortalecidas por el gobierno beneficiando a los grandes empresarios.

En materia de salud los hospitales presentan el más completo abandono en cuanto a los insumos e instrumental médico que se necesita para la atención básica, estos son los casos de La Chorrera, Chepo, Changuinola, entre otros, mientras se acusa al Ministro de Salud de realizar negociados en las compras. El complejo hospitalario de la CSS no cuenta con los medicamentos para atender a los pacientes de enfermedades crónicas, hasta hace una semana los elevadores permanecían fuera de servicio, hay escasez de insumos e instrumentos, se desatiende a los afectados por el veneno dietilenglycol, mientras el Director y sus emplanillados gozan de considerables privilegios. Los llamados consultorios populares han incrementado el precio de atención. La política del gobierno gira en torno a construir centros hospitalarios, que han sido denunciados por los sobre costos tales y por la falta de equipamientos. En estos momentos se denuncia los negociados en la construcción de los centros de atención primaria de salud Carlos Santana (Veraguas), La Villa (Los Santos) y El Coco (La Chorrera), adjudicados a la constructora española Teyco por un monto de 30 millones de dólares, 10 por hospital, mientras que en Chile esta misma empresa construye hospitales de condiciones similares por 3.9 millones de dólares.

El suministro permanente de agua comienza a reducirse, siendo cada vez mayores las comunidades que carecen del vital líquido. Crecen las dudas sobre su calidad, los cortes son frecuentes y a muchas comunidades no llega el vital líquido, pero la factura sí. La supuesta renuncia del director del IDAAN sigue sin resolverse mientras los usuarios padecemos las vicisitudes diariamente. No cabe duda que el gobierno ante la desatención en la prestación de un servicio de calidad crea las condiciones para justificar su privatización.

En educación, para nadie es un secreto que las clases comenzaron en verdad después de los carnavales y aún a la fecha muchas escuelas a nivel nacional no han podido iniciar por el deplorable estado en que se encuentran. Los educadores de áreas de difícil acceso siguen padeciendo de inseguridad laboral. Los programas de estudios hoy más que nunca son improvisados ante la incapacidad manifiesta de una Ministra que pretende a través de show mediáticos dar la impresión de que “vamos bien”.

Pese al amplio rechazo de la población a la minería a cielo abierto y la resistencia indígena y campesina que impidió la explotación de yacimientos en la Comarca Ngobe Buglé, en el resto del país el peligro se mantiene en los casos de Petaquilla y Cerro Quema, a lo que se agregan los proyectos hidroeléctricos que implican daños ecológicos y desalojos de comunidades.

Continúa la sistemática política de violación de los derechos humanos por parte del gobierno. Las víctimas de la Masacre de Bocas del Toro, los jóvenes quemados del Centro de Cumplimiento de Menores y otros afectados aguardan Justicia mientras persiste la impunidad para la policía y continúa la inseguridad ciudadana y los abusos y atropellos contra la población. El gobierno plantea otro negociado con la construcción de cárceles, las cuales sugieren serán privatizadas, al igual que se hizo con el servicio de alimentación a los privados de libertad, que tal como denunciaron autoridades de salud no cumplen con los requisitos de higiene necesarios.

El gobierno de Martinelli continúa burlándose de los envenenados con dietiglenycol y de los jubilados, a los cuales no se les cumple sus demandas. Igualmente, las comunidades de Chepo afectados por las inundaciones del año pasado reclaman a AES-Panamá indemnice por los daños sufridos, sin que hasta el momento el gobierno intervenga a favor de los mismos.

En medio del “no hay recursos para atender las demandas sociales, el gobierno insiste en megaproyectos de construcción (torre financiera, ampliación de la cinta costera, entre otros) y compra de corredores, que no constituyen prioridad nacional, pero sí un aumento de las “oportunidades” para los que entran millonarios y salen billonarios. Con ello el endeudamiento público sigue creciendo, lo cual tendrá que cargar el pueblo panameño.

En materia política los escándalos de corrupción son crecientes, el servicio exterior avergüenza a los panameños, la impunidad a los ladrones de cuello blanco se mantiene, se pactan acuerdos entre la partidocracia y entre Martinelli y los Ex Presidentes Moscoso, Pérez Balladares y Torrijos para que las investigaciones por corrupción queden en el olvido.

Esta situación ha generado la protesta en las calles de pobladores, estudiantes, obreros, indígenas, que demanda se respete su derecho a una vida digna. La represión salvaje es la respuesta de Martinelli, un gobierno que no atiende las demandas sociales del pueblo, que se ve cada vez más sumido en escándalos de corrupción e intromisión en los otros poderes del Estado.

No cabe duda, que en dos años de gobierno no existe intención de cambiar este estado de situación. Ante estos hechos, la Coordinadora convoca al pueblo panameño a manifestarse en contra de las políticas antipopulares que atenta contra nuestros derechos humanos. Llamamos a: