Una Mafiocracia Asesina y violadora de los Derechos Humanos que se niega a aceptar lo que todos sabemos

Esos hechos demuestran que bajo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, Panamá tiene    un "dictador civil y violador de los derechos humanos", dijo el activista de los derechos humanos, Mauro Zúñiga.

Un Informe especial de seguimiento y análisis final realizado por la Defensoría del Pueblo en relación con los disturbios de Changuinola, que se sustenta, a su vez, en documentos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), así como en una entrevista al director de esa entidad, Humberto Mas.

Según el informe, dos de los muertos fueron Virgilio Castillo y Antonio Smith, ambos tiroteados con perdigones de plomo.

Otra de las víctimas murió porque tenía la "apéndice cecal" perforada; otro por asfixia por sumersión; uno más por problemas de diarrea y vómitos, y cinco por "problemas pulmonares".

Sobre estos últimos, Mas dijo que su desenlace fatal pudo haber tenido relación con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las bombas lacrimógenas.

Pero aclaró en el informe que debía esperar por los resultados de las pruebas toxicológicas, que aún no han llegado, confirmó ayer a este diario. Mas no descartó dicha relación pero precisó que será difícil comprobarla científicamente.

El informe también aclara el número de heridos: 716 en total, 44 de estos policías; 67 con tiros de perdigón en los ojos;    dos con ceguera permanente.

El informe de la Defensoría dedica varias páginas al tema de las actuaciones de la Policía Nacional y advierte contradicciones entre las novedades reportadas por dicha institución y lo declarado por su director, Gustavo Pérez.

Por ejemplo, destaca que en un informe remitido por la PN el 27 de julio se detalla que entre los "equipos disuasorios" usados por los uniformados hubo cartuchos de escopeta calibre 12 (7.5), los cuales, sin embargo, son en "realidad perdigones [que] forman parte de la fuerza letal".

Al respecto el informe señala: "El hecho de preservar el orden público debe estar sujeto a la protección de la dignidad humana como fin primordial. En consecuencia, las actuaciones de la Policía Nacional deben ser destinadas al respeto y protección de las garantías fundamentales".

Otro elemento que destaca el informe es sobre la participación en los enfrentamientos de agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

Según el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, los fronterizos no participaron de los eventos en Bocas del Toro.

Sobre esta polémica, el director del organismo, Frank Ábrego, envió una nota al defensor, el 21 de julio, en la que precisó que 92 miembros de esa institución fueron enviados a Changuinola durante los disturbios: 42 procedentes de Chiriquí, al mando del mayor Abdiel Lezcano, quienes viajaron el 8 de julio; y 50 procedentes de Panamá, bajo la coordinación del subcomisionado Yadeol Cruz, quienes llegaron el 10 de julio.

Ábrego confirmó que dicho contingente se "limitó a labores de vigilancia y seguridad" en Bocas del Toro y usó "solo 52 municiones de impacto de nuestra dotación, las cuales son más seguras ya que solo golpean y no penetran dentro de la piel (además, no poseíamos municiones con perdigones 71/2)".

En relación al caso de Valentín Palacio, el informe de la Defensoría deja al descubierto el hecho de que este indígena de la etnia Ngäbe Buglé mintió reiteradamente al decir que había estado hospitalizado en Almirante tras ser atacado y robado por dos hombres.

En entrevistas posteriores y tras carearlo con su amigo Luis Lorenzo, se descubrió que tres semanas antes de los disturbios Palacio se había ido de su casa y refugiado en el hogar de Lorenzo, ya que lo iban a demandar por la pensión alimenticia de sus hijos. Estaba desempleado.

Luego, el 31 de julio, fue asaltado y golpeado, pero aun así se quedó bebiendo alcohol en la cantina Los Ángeles, en Almirante, y no aceptó ser llevado al hospital para ser atendido.

Después de ese suceso, permaneció convaleciente unas tres semanas más en casa de Lorenzo, hasta que un hijo de este se enteró de que lo estaban buscando. Palacio admitió haber estado ebrio antes, durante y después del asalto.

Actualmente labora en el Ministerio de Desarrollo, donde fue empleado por el gobierno luego de repetir la historia que le dijeron en la Policía Nacional.

En la quinta conclusión del informe, el Defensor advierte que durante los disturbios "se incurrió en la violación a la Convención de los Derechos del Niño, ya que se efectuaron detenciones de menores de edad sin sustento jurídico para ello, transgrediendo de esta forma su derecho a la libertad y desconociendo el tratamiento especial que deben recibir, como manda la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes".

Según el informe remitido por la Policía Nacional a la Defensoría, 153 personas fueron detenidas durante los eventos de Changuinola.

El informe, de 79 hojas, fue elaborado con información oficial aportada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Policía Nacional, el Imelcf.

Francisco Gómez Nadal, representante legal en Panamá de la o­nG Human Rights Everywhere, calificó el informe de la Defensoría como "una esperanza para la institucionalidad del país".

"Que una institución del Estado haya hablado sin temor a la verdad, es esperanzador; sin embargo, por desgracia todos sabemos que la Defensoría del Pueblo en Panamá no tiene poder coercitivo ni puede influir en los órganos del Estado", dijo.

Sin embargo, Gómez Nadal hizo votos para que, a partir de ahora, "las autoridades asuman su responsabilidad sobre lo ocurrido y, especialmente, le den la cara a las víctimas".

Por su parte, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que el informe pone de manifiesto la violación de los derechos humanos cometida por la Policía Nacional.

"Aquí hubo un uso injustificado de la fuerza y esperamos que el Estado pueda resarcir o reparar en alguna medida el daño ocasionado a los obreros de las bananeras y a sus familiares", dijo.

En tanto, el dirigente civilista Mauro Zúñiga advirtió que "lo más lamentable es que el gobierno no ha reconocido sus errores, y el informe de la Defensoría del Pueblo reconoce el abuso de la fuerza y la violación de los derechos humanos por parte de la policía".

"El presidente Martinelli, como primer acto de reconciliación con el pueblo bocatoreño, debió destituir al director de la policía, Gustavo Pérez, y al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por el pésimo manejo que hubo de la situación en Bocas del Toro", indicó.

Al no hacerlo, dijo, Martinelli se confirmó como "dictador civil y violador de los derechos humanos".

Con relación al caso de Valentín Palacio, de quien él dijo era el "primer decapitado de la dictadura", aseguró que el indígena nunca aceptará su detención por la policía, "ya que su silencio le fue comprado".

Martinelli acusa al PRD

"Los culpables de las dos muertes y más de 700 heridos en Bocas del Toro son un partido opositor [Partido Revolucionario Democrático] y un sindicato que no tiene nada que ver con Bocas [Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción], que en contubernio querían tumbar al gobierno".

Así reaccionó el presidente, Ricardo Martinelli, luego de que la comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar los enfrentamientos en Changuinola le entregara sus conclusiones. "Tal vez la comisión por miedo no incluyó eso, pero yo no le tengo miedo a nadie y sí lo puedo decir", agregó.

El informe, que establece que la causa de los enfrentamientos fue la forma en la que fue presentada y discutida la Ley 30, sugiere al gobierno hacer los estudios de toxicología a los dos muertos registrados en las fechas de los enfrentamientos que el gobierno no reconoce. "Tomaremos en cuenta las recomendaciones. Esto no volverá a suceder", dijo Martinelli

Saña policial

En su editorial de este martes, el diario La Prensa dijo que el "informe que ha presentado la Defensoría del Pueblo es espeluznante. No hay estadísticas de una represión tan sádica como la que detalla esta institución en su informe: 716 heridos, de los cuales solo 44 eran policías. El resto eran civiles, entre ellos 67 heridos de perdigones en los ojos. Estas cifras revelan la crueldad con la que actuó la Policía".

"Pero el informe va más allá. Además de las dos muertes oficiales que también reconoce el Gobierno hay, al menos, cinco muertes más que pueden tener relación con los disturbios, pues, de acuerdo con Medicatura Forense, "pudieron haber tenido relación en cuanto a su desenlace fatal con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las llamadas bombas lacrimógenas" que lanzó la Policía Nacional", añadió el editorial. 

Concluyó que "a los perdigones hay que sumarle ahora los gases tóxicos. Ante la saña con la que actuaron los agentes de la Policía, ¿qué hará el jefe del Ejecutivo? ¿Alguien pagará por todo lo que han sufrido estos panameños? ¿Quién se responsabilizará por las personas que perdieron los ojos? Seguramente estas preguntas nunca tendrán respuesta".