El accionar del Gobierno de Laurentino Cortizo, desde el primer momento, dejó sentado quiénes serán los beneficiarios de la política económica: el empresariado, los bancos, los 115 ultramillonarios (véase conformación del gabinete, emisión de bonos y APP). El pueblo humilde y trabajador es abandonado en sus aspiraciones de la vida digna.

La grave situación socioeconómica que atraviesa la mayoría de los panameños los lleva a la protesta social en medio del coronavirus, exigiendo se respeten sus derechos fundamentales de vida. Las protestas se hacen sentir, a lo largo del país. Pobladores que reclaman el derecho a la vida, a la comida, al acceso al agua potable, al trabajo y al salario, a la salud. Ello producto del decreto gubernamental del PRD: “Cuarentena con Hambre”.

Las bolsas y bonos aún no llegan a todos, no cubren las necesidades materiales de una familia, sin embargo, la respuesta gubernamental al descontento social es el uso de la fuerza, de la represión por parte de la policía nacional, que suma mujeres y niños afectados por el uso de lacrimógenas y perdigones, la muerte de un poblador producto de descarga taser (pistola eléctrica). Pero mientras se reprime al pueblo, la ola de delincuencia, asesinatos, feminicidios continúa.

En medio de estos y otros problemas sociales, persiste la política económica que privilegia los negocios y no la vida digna, además de continuar la galopante corrupción y la impunidad. La llamada “reapertura económica”, a partir del levantamiento de la cuarentena, se impone ante la presión de los grandes grupos empresariales, sin garantizar las normas sanitarias, de salud y bioseguridad necesarias, exponiendo a los trabajadores, “enviándolos al matadero”.

Continúa la profundización de las precariedades que vive el pueblo. Directivos de la CSS y sus autoridades arremeten contra la institución, no solo por los escándalos de corrupción que se han presentado en medio del COVID-19, sino también en sus intentos de favorecer la privatización de los fondos del Programa de IVM. Sin auditar, presentan nuevamente “informes financieros apocalípticos”, con ánimos de justificar el uso del Fondo Fiduciario de IVM, así como la venta del patrimonio y de los títulos valores. Ya economistas han advertido que este es el peor momento para colocar bonos por 1100 millones de dólares como pretende la administración de la CSS y sus asesores económicos, ya que se pagaría por ellos irrisorias sumas. Esto solo demuestra que se buscan beneficiar con ello a los mismos bancos y ultramillonarios de siempre.

En pandemia, empleadores que adeudan 300 millones de dólares a la CSS son beneficiados. El director de la Caja, Enrique Lau, no nos dice qué han hecho para recuperar esos fondos, sino que sabemos que, con relación a la pandemia, se aplicó una moratoria a los empresarios, “suspendiendo la generación de multas, recargos e intereses por la presentación tardía de la planilla mensual de declaración de cuotas de los trabajadores y salarios de los meses de febrero, marzo, abril y mayo”.

Alrededor de este dantesco escenario, Héctor Alexander-MEF, anuncia la cancelación de 10 240 puestos de trabajo en el sector público, que sin lugar a duda no toca botellas, “influencers”, amigos, familiares, socios de las altas autoridades. Sume los 170 562 contratos laborales suspendidos y los 146 111 desocupados antes del coronavirus, los 716 113 trabajadores en informalidad (sin contar PEA agrícola), a quienes las medidas de políticas económicas no llegan ni antes ni durante ni después del COVID-19. Aunado a ello se despide a diestras y siniestras, se violentan normas laborales, Appetito 24, un ejemplo de ello.

Tal como plantea Frenadeso: “Ante esta situación hacemos el llamado al pueblo y a los asegurados a mantenernos en estado de alerta prestos a la lucha, a la movilización y a la denuncia en contra de estos atracos que se ensayan en pandemia contra los fondos de los asegurados. Ni la cuarentena ni la llamada normalidad con rasgos dictatoriales que se avecina deben detenernos, porque lo que se fragua en estos momentos en la CSS, condena a miles de asegurados y sus familiares a la miseria y a una muerte adelantada”.