Panamá: Continúan políticas públicas lesivas a los intereses populares

Por; Genaro López

En las calles sigue el pueblo panameño, exigiendo se atiendan sus demandas sociales, mismas que han sido desatendidas por los diversos Gobiernos, incluyendo al actual, que ha favorecido la “deuda” con los sectores empresariales.

Las estadísticas sociales reafirman el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población panameña. Son evidentes los niveles de marginalidad y carencia que vive a diario la mayoría de los panameños ante “indicadores sociales precarios”. Panamá está entre los países más desiguales del planeta. Las necesidades básicas insatisfechas en el país dan cuenta de un importante número de carencias críticas de la población que hacen que la caracterización de la pobreza en el país sea recurrente.

El descontento de la población es por el alto costo de la vida (ascendente el aumento de los precios de los alimentos); por ineficiencia en el suministro de agua potable, crisis provocada para justificar la privatización y aumento de la tarifa del agua; ante problemas de acceso a vivienda digna para los sectores populares, dada los altos precios de las viviendas producto de la especulación de las inmobiliarias; por el lado de la inversión pública no se destinan los recursos necesarios en las áreas de salud, y educación, lo que marca el deterioro de la infraestructura escolar y hospitalaria, así como la falta de recursos; en materia ambiental los atentados son crecientes.

Aunado a ello, el alto nivel de desempleo (7.1 %) e informalidad (47 %), y salarios que no cubren el costo de la canasta básica familiar. En medio de acciones empresariales para favorecer la fuerza de trabajo extranjera, en el 2019 (julio a septiembre), se tramitaron ante Mitradel unos 5316 permisos de trabajo para extranjeros, de los cuales se aprobaron 4978 (en el 2015 eran 705, en el 2016 fueron 4406; es decir, mientras crece el desempleo aumenta la contratación de extranjeros, de igual manera el año pasado se promulgaron cinco decretos en esta vía. Por su parte, se estimulan mecanismos de mayor flexibilidad laboral (teletrabajo), que facilita la intensificación del ritmo de trabajo (liberalización de la jornada de trabajo a más de ocho horas), estudios en Canadá y Francia demuestran que “se trabaja de más”. Esta ley no fue consultada con los trabajadores.

Para enfrentar esta política del Gobierno, partidos políticos tradicionales, seudoindependientes y empresarios, diversos sectores de la sociedad panameña, de manera organizada o espontánea, se han manifestado obreros, profesionales, estudiantes, comunitarios, indígenas, jubilados, transportistas, campesinos, micro y pequeños productores, entre otros sectores del movimiento social.

A pesar de esta realidad social, el empecinamiento del alcalde de la ciudad de Panamá (José Fábrega — PRD) en imponer un proyecto de “playa” que, en medio de tantas necesidades de los diversos corregimientos de la ciudad capital, resulta un gasto suntuario que huele a “negocio de 120 millones de dólares”. Así, por ejemplo, la población se pregunta ¿dónde están los 100 millones del BID destinados para Juan Díaz para evitar inundaciones?

En medio del descontento social, culmina la visita de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Panamá, que evalúa la situación de las finanzas públicas. Es el FMI el organismo que evalúa la CSS como uno de los mecanismos para atender el déficit fiscal, que está proponiendo aumentar la edad de jubilación, la densidad y las cuotas para reducir las pensiones. Es el gestor de la política neoliberal que plantea, en materia de salud y seguridad social, la privatización, desmantelando el papel del Estado en garantizar salud y seguridad social a la población, con ello negando el derecho humano.

En medio de estos y otros problemas sociales, ante una política económica que privilegia los negocios y no la vida digna, encontramos la galopante corrupción y la impunidad.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.