Panamá: Crisis de confianza en las instituciones

La semana pasada se presentó el Informe Nacional de Desarrollo Humano-Panamá 2019, dedicado a la institucionalidad, que según indican debe ser pilar del desarrollo humano sostenible. En el prólogo, se menciona que Panamá tiene una gran diversidad y riqueza humana, en ese sentido ‘Frente al valor de la identidad y la pluralidad, el papel del Estado es asegurar que esa diversidad de trayectorias de vida sea posible e igualmente plena con la ampliación de las oportunidades'. Sobre ello, basta ir a comunidades de la ciudad de Panamá y Colón (centros de concentración de la actividad económica), para ver que las instituciones del Estado no garantizan seguridad a los pobladores.

El Informe reconoce el crecimiento económico y el Índice de Desarrollo Humano del país, a nivel de la región latinoamericana, pero es claro al cuestionar que la distribución de esa riqueza y crecimiento sigue siendo deficiente. Al respecto, recordar que Panamá ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza, es marcado el deterioro de la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, acceso agua potable, salud, educación, trabajo, ambiente, etc.); pero, además, para los próximos meses se amenaza con la imposición de medidas antipopulares (aumento de impuestos, flexibilización de normas laborales, aumento de la edad de jubilación y disminuir pensiones, privatización de salud, educación y servicio de agua potable, desplazamiento de comunidades debido a los embalses). Con estas medidas Panamá continuará en la lista de los países más desiguales del mundo. Insistimos, los promedios esconden las inequidades sociales, hay subestimación de las cifras oficiales (El documento hace referencia a que uno de los problemas de la institucionalidad en el país es la deficiencia al acceso a la información a la que tiene derecho la población), tampoco la lógica puede ser que ‘entre los peores estamos mejor'.

La representante del PNUD en Panamá, Linda Maguire, manifestó ‘Actualmente estamos en una crisis de confianza en las instituciones a nivel global, regional y nacional, esto se debe a que si bien tenemos instituciones y procesos formales de democracia, que son fundamentales, no necesariamente han generado un crecimiento equitativo e inclusivo'. Sobre este tema, reiteramos, la crisis institucional que vive el país no se resuelve con las actuales estructuras dominantes del poder económico y político. En Panamá no hay democracia política ni económica, el ‘proceso formal de democracia' vía electoral viene profundizando la podredumbre que impera en las esferas del Estado. Las elecciones del 2014 fueron catalogadas como las más clientelistas del periodo posinvasión y las del 2019 ha sido catalogadas como un proceso electoral amañado, espurio y desigual desde la aprobación de reformas electorales antidemocráticas, durante los comicios electorales (con cientos de actas alteradas, trasladadas sin escoltas ni sellos, conducidas a otros sitios antes de llegar a las Juntas de Escrutinio para ser alteradas, actas que llegaron varios días después o simplemente no llegaron a las Juntas de Escrutinio, actas con tachones y borrones, con sumas erráticas, con inconsistencias e irregularidades de todo tipo, votos que se quemaron antes de ser contados, votos que en el recuento no se mostraban debidamente al público, con miles de votos de electores que no se contaron en los que constituye delito electoral y penal. Elecciones donde las fallas tecnológicas son injustificables. Qué decir de magistrados electorales completamente mudos ante estas ‘inconsistencias').

En cuanto al reto, el Informe establece que ‘Panamá enfrenta el desafío de la transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, enfocándose en las poblaciones menos favorecidas. Para superarlo, requiere de cambios a nivel de sus instituciones y políticas públicas'.

Frente a este planteamiento, reiteramos la necesidad de cambios profundos en el quehacer social, que permitan la inclusión de todos los excluidos, que garanticen el respeto de los derechos humanos, que propicien la consulta y participación de la población en la toma de decisiones, que adecenten el país frente a la galopante corrupción, que geste políticas públicas a favor del desarrollo humano y nacional. Ello no es posible con parches constitucionales como pretende el ‘establishment' para garantizar sus intereses; es necesario una Constituyente Originaria autoconvocada que garantice una verdadera participación democrática de los más diversos sectores sociales del país, a fin de garantizar una sociedad con justicia y equidad social.