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Colón: Reflejo de ganancias extraordinarias y pobreza

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COLÓN:

REFLEJO DE GANANCIAS EXTRAORDINARIAS Y POBREZA

La Zona Libre de Colón es considerada un emporio comercial, una de las instituciones que refleja el aprovechamiento de nuestra posición geográfica por parte de unos cuantos empresarios. Cuando fue creada en 1948 se presentó como una obra que contribuiría al desarrollo del país, que traería importantes beneficios socioeconómicos, pero, igual que el Canal y los puertos, se convirtió en un enclave de producción de riqueza, desconocido para muchos, que aprovechando las ventajas que le otorga el Estado panameño profundiza la desigualdad social.  Se considera la segunda Zona Libre del mundo, después de Hong Kong.

Varias fuentes calculan que allí se registran transacciones anuales por más de US$ 20,000,000,000 (veinte mil millones) en importaciones y reexportaciones, equivalente al PIB corriente anual, mientras que el Gobierno afirma que sólo aportan al fisco directamente unos 66 millones de dólares por año. 

En la ZLC se encuentran instaladas más de 2,500 empresas administradas por descendientes de judíos, musulmanes, hindostanes y tal vez, unos pocos panameños que, en su mayoría no residen en la Provincia de Colón y, si lo hacen, no sufren las limitaciones y exclusión que enfrenta la población de esta región del país. Originalmente, el área fue de 35 hectáreas y en la actualidad se ha ampliado a más de 450 hectáreas, con el uso de fondos del Estado para adaptar las facilidades a las necesidades de los usuarios, además de las ventajas logísticas que se han fomentado en las ciudades terminales del país, que facilitan la acumulación de riqueza.

Pero más importante aún, son los beneficios y ventajas fiscales que históricamente han acompañado las actividades que allí se realizan y que constituyen el principal atractivo del negocio de importación y reexportación de mercancías ya que las empresas no pagan impuestos por ganancias en la actividad de reexportación, no pagan aranceles y cuotas en la importación y exportación, no pagan impuestos en la facturación, la repatriación de capitales o dividendos generados en el exterior no son considerados ganancias para cuestiones fiscales; reciben facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros, además de ventajas especiales en materia laboral (rebajas al impuesto sobre la renta gravable por operaciones interiores en proporción al número de trabajadores nacionales permanentes; prohibición de sindicatos; tarifa reducida de jornadas extraordinarias, etc.).

Para mantener estas ventajas, que se traducen en la generación de ganancias extraordinarias para los dueños de empresas de la ZLC, la intención de algunos gobiernos de aplicar impuestos a las operaciones y ganancias obtenidas y que son aplicados sin problemas en zonas similares de otros países se convierten en ilusiones. Los empresarios o usuarios de la ZLC se ponen en “pie de guerra” y adoptan un discurso de interés por el bienestar de los colonenses, de aquellos que en otras ocasiones, cuando no ven amenazadas sus jugosas ganancias, son invisibles para ellos. 

De acuerdo a los usuarios de la ZLC, si les cobran impuestos o aumentan el costo de los servicios que deben pagar en el área, se perderían los empleos que se generan (unos dudosos 28,000 puestos que no se corresponden con las cifras de otras fuentes y que los calculan en no más de 9,000 siendo la mayoría eventuales y producto de las obras de construcción realizadas en el área) y aumentaría el costo de la vida para todos los panameños.  Se escudan en una supuesta preocupación por el bienestar de la población, cuando por décadas no se han preocupado por la provincia que les permite hacerse de grandes riquezas.

Si Panamá como país tiene problemas agudos de desigualdad y de pobreza, esta situación es aún más precaria en la Provincia de Colón. En términos de desigualdad, según el Banco Mundial el índice de GINI en Panamá es de 0.60 y en Colón es de 0.70. Mientras que a nivel de todo el país, según la última encuesta de niveles de vida del MEF, el 37 por ciento de la población vive debajo de la línea de pobreza, en la provincia de Colón se ubica alrededor del 45 por ciento. Cuatro de los    cinco    distritos de la Provincia de Colón aparecen entre los que presentan mayor nivel de pobreza y desigualdad a nivel nacional (Chagres, Donoso, Santa Isabel, Portobelo) de acuerdo con cifras del MEF (2003). También, históricamente se ha registrado un mayor nivel de desocupación en Colón el que supera a todas las provincias (18.2% aproximadamente, siendo la población joven la más afectada).

Es por eso que se señala que  los problemas económicos y conflictos sociales que vive la población colonense, contrastan con las actividades económicas en las que se generan grandes riquezas que atraen a inversionistas nacionales y extranjeros, ya que se calcula que esta Provincia genera más del 12 por ciento de la riqueza nacional (PIB) y sólo tiene el 7 por ciento de la población, pero las condiciones de marginación social a que se ven sometidos los pobladores son insostenibles.

La situación de precariedad y déficit habitacional en la Ciudad de Colón se refleja en un censo del MIVI del año 2007 el cual determinó que unas 300 casas en la ciudad de Colón se encontraban en mal estado, de las cuales solo 100 fueron reparadas de forma parcial o total, mientras que unas 200 se encuentran abandonadas, condenadas o en estado de ruina.     En ellas  aún reside una cantidad significativa de colonenses.

El gobierno de Ricardo Martinelli intenta aprobar un proyecto de reformas fiscales, igual que en su momento lo hizo el PRD de Ernesto Pérez Balladares, que incluye el aumento de los aportes de las actividades de la  ZLC de 64 millones de dólares anuales que actualmente aportan al fisco a 106 millones de dólares.  Los usuarios responden que lo que pagan al Estado supera los 200 millones. 100 ó 200 es casi nada para la cantidad de riqueza que obtienen, casi nada si comparamos lo que un asalariado paga en concepto de impuestos (20% o más de su ingreso, que no puede evadir) con lo que efectivamente pagan las empresas.

Cuando Pérez Balladares promovió la Ley de Universalización de Incentivos durante su mandato, los usuarios de la ZLC salieron más favorecidos ya que en lugar de subir el impuesto de 8.5% sobre la renta en operaciones exteriores hasta 15%, se exoneró la totalidad de la tasa.    También anunciaron un paro y se movilizaron hacia la ciudad de Panamá en helicópteros desde el aeropuerto que el Estado les proporciona y pretende modernizar.  No dudamos que en esta ocasión ocurra algo parecido y los privilegiados de siempre (banca, puertos, canal)  sigan obteniendo las ganancias extraordinarias que el Estado les garantiza.

El gobierno actual propone aplicar el pago de Aviso de Operaciones a las actividades de la ZLC que pagan todas las empresas del país, aplicar el impuesto sobre la renta a dividendos o ganancias de las empresas de esta área, además de aumentar ligeramente los costos por los servicios que allí se ofrecen a éstas.  Los empresarios reconocen que pueden pagar más, pero no en los términos que les impone el Gobierno y en su defensa buscan aliados, a los transportistas de carga y a los representantes de Corregimiento de la Provincia.  Con relación a estos últimos, representantes de los usuarios de la ZLC reconocieron en un medio de comunicación que anualmente le entregan US$ 60,000.00 a cada junta comunal, recursos que nadie puede asegurar que son utilizados para obras de las comunidades, pero si se podría indicar que representan pagos por favores de dos vías.

El pueblo panameño no puede esperar otro resultado más que el de una negociación favorable a los empresarios de la ZLC; por todos es conocido que en oficinas de ejecutivos se realizan los grandes negocios de este país, a espaldas del pueblo, que entre los poderosos se entienden y que las intenciones reales no necesariamente son las que el gobierno presenta a la población. 

Se ha reconocido en estudios sobre las zonas francas de América Latina que controlar los abusos de las mismas requiere atención permanente, una fiscalización especializada de la administración tributaria, que puede ser desproporcionada y que aún en países donde las zonas francas son consideradas un éxito, la pérdida de rentas públicas puede ser inmensa, pese a las ventajas fiscales que reciben.  A esto habría que agregar que el espectáculo mediático no es el que va a lograr que se acepten las responsabilidades fiscales que le corresponden a los grupos que menos aportan; no se percibe voluntad política para hacerlo.  Tampoco se reconoce autoridad moral para los que dirigen los asuntos de presupuesto del país.  El pueblo no olvida que el actual Ministro de Economía y Finanzas, que hoy aparece con la imagen y discurso de preocupación social, le arrebató al pueblo panameño cerca de US$ 400 millones de la operación BANISTMO-HSBC.

Tampoco debemos olvidar las denuncias que, como una muestra más de la corrupción que carcome a la clase dominante, surgen del propio Presidente Ricardo Martinelli.  Se debe exigir una investigación inmediata y efectiva sobre el reparto de US$ 21 millones en coimas que fueron entregados a ex funcionarios del Gobierno de Pérez Balladares por los usuarios de la Zona Libre de Colón para evitar el cobro del 15% de impuesto a esta zona franca en 1995-96.  También se debe realizar una investigación exhaustiva sobre la realización de actividades de contrabando que se originan desde la ZLC, también denunciadas por Martinelli en los medios de comunicación.  El ser Presidente del país no le otorga facultades para decidir por los panameños lo que se debe investigar o no y su señalamiento de que se va iniciar de cero (al referirse al contrabando) no podrá ser jamás aceptado como excusa para que se sigan cometiendo actos de impunidad en este país.

Enviado el Lunes, 07 septiembre a las 16:01:44 por franckoi
 
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