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Panamá: "Democracia" Putrefacta

 

 

 

 

 

 

 








Quienes creían que con la salida del Gobierno de ese personaje siniestro (que panameñistas y PRD amamantaron en el poder) se resolvería la crisis que viene arrastrando el llamado «sistema democrático» se equivocaron rotundamente.

 

Panamá: Democracia putrefacta

Pero la esperanza no muere…

Quienes creían que con la salida del Gobierno de ese personaje siniestro (que panameñistas y PRD amamantaron en el poder) se resolvería la crisis que viene arrastrando el llamado «sistema democrático» se equivocaron rotundamente.

La situación se torna mucho más compleja. El sistema está herido de muerte.  La gobernabilidad solo se sostiene por las componendas más inverosímiles entre los partidos burgueses, que tienen entre sus principales ingredientes la impunidad, la manipulación mediática, el nepotismo, los negociados, los acuerdos de recámara entre los componentes de la mafiocracia reinante y, si se hace necesario, el uso de la represión contra el pueblo rebelde, tal como ha acontecido en cada uno de los gobiernos que se han sucedido.

A pocos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno, las ilusiones de los panameños sobre las posibilidades de un cambio real en la gestión pública se desvanecen rápidamente.

Las prácticas fraudulentas y el clientelismo electoral que impulsaron todos los partidos burgueses con recursos del Estado han puesto en entredicho la legitimidad de las pasadas elecciones. El destape de una corrupción que llega a niveles asombrosos, en que se ven envueltos empresarios, altos funcionarios gubernamentales y políticos burgueses denota la dimensión de la crisis que enfrentamos. Un llamado pacto de gobernabilidad entre fuerzas supuestamente antagónicas demuestra que dentro de la Partidocracia no hay diferencias ideológicas, sino el interés de las distintas facciones del capital de preservar cuotas de poder político para seguir usufructuando del erario público.

En la práctica, es el continuismo, donde puede variar en alguna medida la forma en que se ejerce el poder político, pero sin que exista ni la más remota posibilidad de alterar el modelo neoliberal que explota a los panameños ni variar un ápice la relación de subordinación en torno a los designios imperialistas en un panorama global cada vez más complejo en cuanto a los bloques geopolíticos que se van conformando y los peligros de todo tipo que se ciernen sobre la humanidad.

En ese contexto, es importante prepararse para nuevos estallidos sociales y, como siempre, impulsar la lucha del pueblo en las calles, redoblando esfuerzos por forjar una alternativa real de poder popular, elevando los niveles de conciencia, organización y lucha del pueblo.

Con ese compromiso irrenunciable y esa determinación de lucha demostraremos que la esperanza de un pueblo por una sociedad verdaderamente humana, democrática y justa, no muere.

 

Los resultados electorales

En los comicios del 4 de mayo resultó electo Juan Carlos Varela de la alianza conformada por el Partido Panameñista y Popular con algo más del 39 % de los votos, seguido por el oficialista José Domingo Arias con el 31 % y Juan Carlos Navarro, del PRD con 27 %.

Tras ellos, pero muy lejos de las expectativas planteadas, el histórico dirigente obrero, Genaro López con 11,127 votos (0.6 %), representando al Frente Amplio por la Democracia (FAD).

A nivel de la Asamblea Nacional de Diputados, sin resolverse aún las impugnaciones, los resultados plantean otra realidad: CD y Molirena obtienen 30 diputados de 71, PRD 26 y la alianza Panameñista-Partido Popular 12 diputados.

Esta conformación en la Asamblea no se compagina de ningún modo con los resultados obtenidos por Varela a la Presidencia, donde logró un triunfo amplio, con ventaja de casi el 10 % sobre la alianza oficialista. Solo obtuvo otro triunfo significativo en la Alcaldía más importante, la de la ciudad de Panamá, donde el candidato panameñista, José Blandón, ganó de forma estrecha gracias a los votos aportados en importantes circunscripciones capitalinas por elementos del PRD (Balbina Herrera y Boby Velásquez), contrarios a la candidatura oficial de dicho partido.

El FAD no obtiene ninguna diputación ni alcaldía, pero logra arrebatarle a la Partidocracia dos representantes de corregimiento, Monte Lirio, distrito de Renacimiento, Chiriquí, como parte de una alianza amplia y Valle Bonito, distrito de Santa Catalina, comarca Ngäbe Buglé, con un reconocido dirigente indígena y campesino del área.

A diferencia de los votos a la Presidencia, sin contar aún con todos los resultados oficiales, el FAD obtiene unos 20,000 votos para diputados, aproximadamente unos 30,000 para alcaldes y otros 30,000 en la votación para representantes de corregimiento.

El FAD es el instrumento político electoral propuesto por FRENADESO en su Congreso Extraordinario de febrero de 2011, es decir hace sólo 3 años y que se inscribió en menos de 2 años, legalizó y cumplió una serie de plazos fatales para poder participar en la contienda electoral, desde la celebración de su Congreso Constitutivo en agosto de 2013, reconocimiento legal en septiembre de 2013, inicio de proceso de primarias en octubre de 2013, elecciones primarias en noviembre de 2013, convenciones provinciales, comarcales y distritales (entre diciembre de 2013 a enero de 2014), oficialización de candidaturas en febrero de 2014, inicio de campaña electoral en marzo de 2014 y elecciones el 4 de mayo de 2014. 

Es el único partido que utilizó exclusivamente el financiamiento público para celebrar todos los eventos requeridos de acuerdo al Código Electoral y apoyar la publicidad de los más de 600 candidatos entre principales y suplentes que presentó a nivel nacional sin recurrir a donaciones privadas o fuentes de dudosas procedencia como lo hicieron con creces el resto de los partidos políticos y muchos de sus candidatos de manera individual.  Con trabajo voluntario y la contribuciones de organizaciones, amigos y compañeros del partido garantizó la movilización de los equipos y representantes de mesa el día de las elecciones, al igual que se hizo durante el período de inscripción.  Los gastos administrativo del partido se sostienen con cuotas de sus miembros, apoyos de amigos, bonos y actividades económicas de autogestión.

El financiamiento público es un recurso que no llega directamente al FAD que tuvo que recurrir a préstamos con entes financieros y negociar con proveedores y medios que recibían sus pagos directamente del Tribunal Electoral una vez cumplido con todos los requisitos y las normas legales establecidos.

Elementos que inciden en el triunfo de Varela

El resultado de Varela sorprende a muchos sectores, dado que en la mayoría de las encuestas, a todas luces manipuladas conforme a los intereses de los propietarios de medios y dirigentes de partidos, lo relegaban a un tercer lugar, en lo que ha sido la campaña más costosa de toda la historia, la de mayor parcialidad de los medios de comunicación y de los grupos empresariales, y la de mayor intervención gubernamental.

Hay factores que deben evaluarse en este resultado. Podemos anotar los siguientes:

  • La fuerte campaña de denuncias de los medios de comunicación contra el oficialismo, en algunos casos con fundamento y en otros respondiendo a intereses de sus propietarios, y la intención velada de Martinelli de reelegirse, que fue canalizada claramente por Varela a nivel presidencial, no así para los otros cargos en juego.
  • Navarro no logró desprenderse de las acusaciones de estar vinculado al mismo Círculo Cero de Martinelli y nunca se lograron superar las diferencias internas del PRD.El llamado voto útil de grupos de poder económico (Eisenmann, entre otros), ya sin credibilidad, intentó reflotar esta candidatura en los últimos días de campaña, pero en vez de sumarle votos, se los restaron.
  • Los sectores populares y de izquierda, representados principalmente por el FAD, no lograron estrenarse con un discurso claro que prendiera en las masas; estas no le vislumbraron capacidad de gobernar ni de ser un factor que pudiera romper en este momento con la continuidad, no solo de Martinelli, sino de la Partidocracia como tal. El FAD fue prácticamente invisibilizado en los momentos claves del torneo por los medios de comunicación, y sometido a una campaña mediática de infundios y ataques de baja intensidad donde explotaron de manera calumniosa y sensacionalista las huelgas obrera y magisterial y la lucha de los indígenas y de comunidades que coincidieron en el tiempo con la campaña electoral. Los espacios que se abrieron no fueron del todo bien aprovechados; además, el corto tiempo de su campaña (2 meses), el desconocimiento del terreno, fallas y algunos errores que están siendo analizados y debatidos a lo interno en estos momentos, impidieron al novísimo partido, del cual FRENADESO constituye la principal fuerza, lograr el porcentaje necesario para subsistir. El hecho reflejó también que, a pesar de las grandes luchas de los últimos tiempos y de la beligerancia del movimiento popular y gremial, particularmente en el aspecto reivindicativo, subsisten bajos niveles organizativos en general y todavía queda mucho por hacer para convertir la lucha económica y reivindicativa en verdadera conciencia de clase que trascienda a la lucha política, es decir hacia la toma del poder. Es el viejo dilema de clase en sí y clase para sí que no se dirime en elecciones burguesas.

Siendo así, el pueblo volvió a votar por emociones e ilusiones, volvió a elegir a verdugos, volvió a ser calle arriba y calle abajo en el carnaval electoral, siendo presa de la poderosa maquinaria de manipulación política e ideológica de los grandes medios de comunicación y de la brutal, costosísima y masiva propaganda de ofertas engañosas con la que el FAD no pudo competir pese a las pequeñas vetas que, en tan corto tiempo de campaña, logró abrir con un planteamiento distinto en algunos espacios publicitarios y de debates, pero sin llegar al sentir de ese pueblo.

Otros factores que requieren un análisis más de fondo deben ser tomados en cuenta.  El papel desempeñado por la Embajada de Estados Unidos que, en la articulación de diversos sectores, logró materializar en la práctica el acuerdo de reelección fraguado en sus instalaciones en febrero de 2009 entre Martinelli y Varela. Amplios sectores del pueblo votaron, sin percatarse, por el vicepresidente de la república, es decir, por el continuismo.

Personajes claves en el gobierno de Martinelli por el poder económico que poseen, como Alberto Vallarino, y de estrategia publicitaria y notable influencia en los primeros años de dicho Gobierno, como Jimmy Papadimitriu, se suman en las postrimerías de la campaña a Varela, este último como parte del equipo del estadounidense Christian Ferry, quien fue subdirector de campaña de John McCain en su fallida candidatura presidencial por el Partido Republicano de 2008 en Estados Unidos.

En esa misma línea se destaca el papel de sectores de la jerarquía católica en favor de un miembro del Opus Dei, como lo es Varela, sobre todo en su capacidad de aglutinar a grupos de poder económico en pro de esa candidatura. Especialmente, se menciona el desempeño del nuncio apostólico en Panamá, monseñor Andrés Carrascosa Coso, que tanto aquí como en los cargos que ha ocupado en el exterior, ha participado activamente en actividades de esta secta. En una de sus primeras apariciones públicas, a su llegada a Panamá nombrado por el expapa Benedicto XVI, ofició el 25 de junio de 2009, en la iglesia del Carmen, ante unas 450 personas, una misa en honor a Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

De hecho, entre las primeras designaciones del nuevo Gobierno sobresalen destacadas figuras de este grupo religioso ultraconservador.

Vale destacar aquí el activismo que exhibe la Iglesia en las firmas de diversos pactos durante la campaña electoral (aunque reconocemos la buena voluntad de algunos laicos), a diferencia de sus otros pares en el continente.  Quizás en algunos casos de América Latina se busca simular la separación entre la Iglesia y el Estado, pero en Panamá no se disimula la intervención directa de la jerarquía eclesial en las elecciones tal como reconoció el expresidente de Estados Unidos, James Carter, durante su visita a Panamá en calidad de observador internacional.

Varela recibe el apoyo de otros grupos importantes de poder económico fuera del panameñismo, especialmente los Motta, los Morgan y los Waked, quienes mantuvieron fuertes contradicciones con Martinelli al ser relegados de los espacios donde en pasados gobiernos influían grandemente, como en la toma de decisiones para los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Ello posibilitó a Varela hacerse de importantes medios, como TVN, La Estrella de Panamá o El Siglo, equiparándose así en a Juan Carlos Navarro, candidato del PRD apoyado abiertamente por los canales de MEDCOM, RPC Radio y La Prensa. Martinelli, en apoyo a José Domingo Arias, contó con empresas de su propiedad, como NEXtv, KW Continente y EPASA, pero estos sin la influencia ni el impacto en la opinión pública de los medios que apoyaban a Varela y Navarro.  Para suplir este déficit, Martinelli invirtió cifras multimillonarias en pautas publicitarias en todos los medios, tanto para promover a su gobierno como a los partidos que lo apoyaban.

Varela también recibe apoyo determinante de la familia Alemán Healy, algunos de ellos con experiencia en la Cancillería y en la Embajada de Panamá en Estados Unidos durante distintos Gobiernos; son familiares de los Alemán Zubieta (CUSA) y herederos del Chato Alemán, viejo liberal que antes de 1968 fue también embajador en Washington, abogado del magnate griego Aristóteles Onasis y, luego de la invasión, presidente del Molirena y miembro del Partido Solidaridad (además, el principal accionista individual de lo que fue el Banco del Istmo, de Samuel Lewis Galindo y Alberto Vallarino).  Por ello se considera crucial la participación de este clan en el apoyo de Estados Unidos a Varela.

Por otra parte, algo que estuvo muy claro en esta campaña, quizás como en ninguna otra, fue la plena coincidencia de las tres principales propuestas de la burguesía en relación a las políticas económicas y sociales impulsadas por Martinelli, con lo que el pueblo en ese aspecto no puede esperar hoy otra cosa que más de lo mismo. Las diferencias estriban en el manejo del poder y en el control absoluto y grosero que ejercía Martinelli sobre las instituciones del Estado, llegando así a superar a sus progenitores, el Panameñismo y el PRD.

Un camino  tortuoso para el nuevo gobierno

De los tres grandes partidos burgueses, el panameñismo es el más débil en términos organizativos y en muchos otros aspectos. Viene, desde la época de Mireya Moscoso, en un proceso de franco debilitamiento y descomposición que se ahondó en el período de Martinelli con el transfuguismo y la división. Aun así, en la campaña más confusa y cara de los últimos tiempos, y especialmente en el último tramo de ella, Varela pudo canalizar los votos que lo llevan a la Presidencia, pero esos votos no se traducen a nivel de municipios, corregimientos y, mucho menos, diputados.

Eso lo presenta como un gobierno débil que tiene que ceder espacios políticos importantes a otros sectores políticos, económicos (financiadores de campaña, como Motta) y hasta religiosos (Opus Dei) para poder gobernar. 

Por ahora su principal aliado es su histórico enemigo: el PRD, por lo tanto un aliado en el que no puede confiar.

Además de ello, el PRD también sale debilitado y en pugna entre los sectores que le hicieron el juego a Martinelli (pero que controlan legalmente el partido) y grupos de la vieja guardia, estos últimos más afines a consolidar un pacto con Varela por cierto tiempo, pero con ambiciones desmedidas de retornar al Gobierno del cual, contando este período, estará fuera al menos por diez años.

Por su parte, de mantenerse el control de Martinelli sobre la Asamblea, con una mayoría absoluta que puede adquirir de consabidos elementos del PRD afines a él, más el dominio que ejerce sobre la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, amén de los grandes recursos económicos que posee, es claro que todavía mantiene un amplio campo de maniobra que podrá utilizar para chantajear y entorpecer la labor del nuevo Gobierno, aunque es claro que ya sin la presidencia de la república, Martinelli no podrá ejercer el mismo dominio, y de hecho se comienzan a mostrar algunas fisuras (como el caso de Molirena, que ya desconoce la alianza, o el de algunos diputados en la Asamblea, que comienzan a coquetear con el nuevo Gobierno).

Martinelli tendrá que disputar el control de su partido con los sectores del liberalismo tradicional dentro del CD, representados por los grupos provenientes de Unión Patriótica: Liberal y Solidaridad. Algunos de ellos son auténticos gamonales en sus circunscripciones. De hecho, uno de sus representantes, Ricardo Fábrega, exministro de Gobierno de Martinelli, se ha pronunciado a favor de cambios dentro del partido.

La alianza oficialista, pese al triunfo electoral obtenido, no escapa de esta crisis de los partidos.  No se han saldado las diferencias dentro del Partido Panameñista que se evidenciaron durante la campaña electoral y en medio de fuertes acusaciones siguen las renuncias de figuras reconocidas en el Partido Popular, colectivo que luego de la invasión norteamericana asume el papel de “partido bisagra”, partido minoritario que es incapaz de llegar al poder por si solo y asume un rol oportunista aliándose con quienes en el momento tienen posibilidades electorales.

Es un período confuso que llevará a las distintas facciones políticas del capital a recomponer sus alianzas y, por ello, también un momento de mucha inestabilidad, como consecuencia de las pugnas intestinas a lo interno de los partidos burgueses y entre sí.

Gobierno sin presupuesto

Varela pareciera destinado, como presidente, a administrar una crisis que puede ahondarse y que amenaza con ser el detonante de fuertes estallidos sociales.

En tal sentido, asume el gobierno con un gran hoyo financiero en materia de déficit fiscal que siembra mucha incertidumbre acerca de su capacidad para hacerlo funcionar de aquí a lo que resta del año.

Las finanzas públicas no han sido manejadas de forma transparente. Situación que se profundiza con los diversos gobiernos postinvasión que se han dado a la tarea de incrementar los gastos suntuarios (sueldos exorbitantes de altos funcionarios, sobrecostos en las obras públicas, viajes, etc.).

Las cifras dadas a la luz pública son falaces respecto al déficit fiscal, en la medida que no incorporan la deuda del Sector Público No Financiero (Empresa de Autopistas/ENA, Aeropuerto de Tocumen y la Empresa de Transmisión Eléctrica), los proyectos llave en mano y los créditos extraordinarios. Ello le ha permitido cumplir la ley de responsabilidad fiscal no superando los topes de déficit establecidos por ella. No obstante, los topes del déficit fiscal son modificados constantemente; por ejemplo, en la administración de Martinelli se modificó en tres ocasiones (la ley de Responsabilidad Fiscal se modificó en 2013 para pasar de un déficit de 2.8 % a 3.1 %).

En cuanto al gasto público, este ha aumentado vertiginosamente en los últimos 25 años después de la invasión militar de Estados Unidos, especialmente el rubro de sueldos a los cargos de dirección. Igualmente, los negociados con el gasto de inversión, el cual ha privilegiado las infraestructuras viales (macroproyectos, en razón de que allí es donde está el negocio y la coima de los altos funcionarios del Gobierno). Además de esta categoría, el servicio de la deuda pública ha representado más de una tercera parte del gasto total, con altos niveles de costo de intereses debido a los constantes refinanciamientos (deuda para pagar deuda), los cuales representan, en promedio, el 33 % del servicio de la deuda total. Ello ha potenciado los niveles de corrupción.

Los compromisos ascienden a unos 23,000 millones de dólares: deuda pública de aproximadamente 18,000 millones, compromisos de pagar contratos llave en mano por más de 4,000 millones y créditos extraordinarios por otros 500 millones (esta información data del primer trimestre de 2014).

En 2013, el déficit fiscal del Gobierno central fue de 4.4 % y del 3 % en el Sector Público No Financiero (SPNF). Según el MEF, a marzo de 2014, el déficit fiscal del Gobierno central es de 1.8 % y del sector público no financiero de 1.2 %, con respecto al PIB (no incluye el  pago en vigencias expiradas de 419 millones).

Por otro lado, según fuentes del nuevo Gobierno, en algunas instituciones del Gobierno central la ejecución presupuestaria en los primeros cuatro meses transita entre 70-80 % de ejecución, lo que deja sin recursos para los próximos meses del año. El estado de las finanzas públicas para el segundo semestre de 2014 obligaría al Gobierno a contener el gasto. Los ajustes, como siempre, se darán en el área social (Salud, Educación).

Esto plantea serias dificultades para poder cumplir con una serie de medidas de corte populista, algunas nuevas y otras que vienen del gobierno de Martinelli. A ello se agregan problemas para enfrentar los compromisos de aumento salarial con los educadores y el problema de envenenamiento del agua en Herrera y Los Santos, donde puede estar involucradas la empresa de la familia del Presidente y Campos de Pesé, del magnate nicaragüense Carlos Pellas Chamorro, socio de los financiadores de Varela, Navarro y CD (Motta, Vallarino, Mello Alemán, Virzi y Btesh).

Deben considerarse las dificultades para poder ejecutar la llamada política de control de precios de artículos de primera necesidad y la campaña de los medios de presentar problemas de desabastecimiento en supermercados como consecuencia de la misma, además de la poca efectividad en tiendas y abarroterías y las críticas surgidas (y ciertas) de que los precios de algunos productos fueron congelados a los niveles que la especulación aumentó previamente, que algunos están más caros que en las jumbo ferias de Martinelli, la mala calidad de algunos de ellos y que en otros se ha impuesto un racionamiento.

Otras noticias no son favorables para la gestión del nuevo Gobierno, que tendrá que lidiar con una crisis que ya está golpeando principalmente a los sectores populares. Desde ahora se anuncian tasas de crecimiento económico por debajo de las de los últimos años (menos del 7 %), agravamiento de la crisis en la Zona Libre de Colón con el cierre de empresas, el despido de miles de trabajadores y anuncios de una merma en los ingresos provenientes del Canal como resultado de la situación económica mundial, hecho que había advertido FRENADESO en el referéndum sobre la ampliación, proyecto que enfrenta todavía muchas incertidumbres a lo que se agrega el impacto que puede tener el anunciado Canal de Nicaragua.

Es de esperarse también una profundización de las políticas neoliberales y la vuelta a fórmulas como la modalidad de asociación pública y privada (APP), a aplicar especialmente en Salud, Educación, IDAAN, propuesta que fue impulsada por los panameñistas en el MEF durante el gobierno Martinelli-Varela.  Ahora también buscan aplicar con Mi Bus, la misma modalidad empleada para la compra de los corredores, otro atraco a la nación en el que tuvieron responsabilidad los panameñistas dirigiendo el MEF y Varela como vicpresidente.

Es importante observar cuál será el comportamiento y las recomendaciones de las instituciones financieras respecto al gran endeudamiento público que, como hemos anotado, se eleva a más de 23,000 millones de balboas.

Otro factor a considerar es el aumento en casi 20 % de la tarifa eléctrica con las subsecuentes consecuencias que ello representa en materia inflacionaria.

Si bien el Gobierno de Varela es continuidad de las políticas neoliberales, también lo es en materia de seguridad pública. Allí se inserta la ratificación de Frank Abrego en SENAFRONT y el nombramiento del comisionado Omar Pinzón, ex jefe del DIIP (G-2) y miembro de la Junta Interamericana de Defensa, como director de la Policía. Ambos responden directamente a la estrategia regional de Estados Unidos en materia de seguridad.

También el Gobierno de Varela es el continuismo en muchos otros aspectos: en la conformación del gabinete con connotados representantes de la rancia oligarquía y de los intereses del Club de los 105 ultramillonarios que también ocupan cargos directivos en entidades autónomas y semiautónomas y copan el servicio exterior; en su política hacia diversos sectores como, por ejemplo, el agropecuario, donde no se avizoran cambios significativos en las políticas del MIDA pese al propagandismo, porque ello sería romper con los compromisos adquiridos con los tratados de libre comercio, que fueron el tiro de gracia para este sector.

Este panorama puede plantear un acelerado desgaste del nuevo Gobierno; de allí el interés de sectores políticos y económicos (el establishment) en preparar fichas de recambio rápidamente, por lo que promueven a elementos del PRD para reemplazar el actual CEN del PRD controlado por Benicio Robinson, afín a Martinelli, o figuras como Ana Matilde Gómez, ex Procuradora General de la Nación que fue nombrada por el PRD con el apoyo de los Motta en el gobierno de Martín Torrijos y luego destituida por Martinelli.

Crisis institucional

No se ha querido reconocer así por parte del establishment (gremios empresariales, partidos burgueses, medios de comunicación, Tribunal Electoral, jerarquías eclesiales, instituciones, clubes cívicos, fundaciones, etc.), pero estamos ante una crisis institucional similar a la que se heredó en 1990, tras la invasión, de las fraudulentas elecciones organizadas por los militares en 1989.

Un 20 % de las curules de la Asamblea permanecen vacantes y varias alcaldías y juntas comunales en acefalía.

Se ha producido una ola de impugnaciones, como resultado de las irregularidades cometidas en las elecciones por el fuerte clientelismo desarrollado, particularmente por el oficialismo, con la compra descarada de votos, repartición de comida, electrodomésticos, becas, bonos, etc., manteniéndose en suspenso muchos resultados. 

Pero las denuncias van más allá del oficialismo y apuntan también al resto de los partidos tradicionales.  Ello quedó muy claro con la repartición de más de 400 millones del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a través de las denominadas partidas circuitales, que fueron entregadas a todos los diputados, tanto del Gobierno como de la oposición, sin que ninguno de ellos haya rendido cuentas sobre su uso.

Estamos hablando de un sistema dominado por la corrupción y el clientelismo, donde se invirtieron cientos de millones de dólares, superando en ese sentido nuestras propias sospechas.  A ello se enfrentaron las fuerzas populares, en un combate sumamente desigual, en su primera incursión electoral.

De allí que para el establishment sea sumamente necesario impulsar una caricatura de constituyente que le permita al sistema tomar aire cediendo en algo, pero sin alterar el control que ejercen los mismos grupos dominantes de siempre.

Por ello es de esperar que se ablanden algunas normas del Código Electoral y desde ya se anuncia la discusión del paquete que presentó la Comisión Nacional de Reformas Electorales en 2010, el mismo que no se aprobó por parte de la pasada Asamblea que, entre otras cosas, reduce el porcentaje de 4% a 2% de los votos válidos en las últimas elecciones para inscribir un partido político.

Esto último podría propiciar el surgimiento de nuevos partidos burgueses e incluso de colectivos provenientes supuestamente del movimiento social dirigidos a "solventar" la crisis burguesa y su re-composición.

Indultos e impunidad

Este gobierno entra con muchas expectativas por parte de la población sobre su capacidad real de hacer justicia y acabar con la impunidad. Nunca como antes se crearon tantas ilusiones en ese sentido. Todo Panamá sabe que en el Gobierno de Martinelli se robó en grandes cantidades hasta el último día, y las denuncias de todo tipo fueron constantes en este período a través de los medios de comunicación. Ello involucra las coimas, los sobrecostos en las megaobras, negociados y escándalos como los de Finmeccanica, Financial Pacific, Berlusconi, Lavitola, etc.

Por otra parte, apenas comienzan a conocerse el desgreño administrativo en varios ministerios y dependencias del Estado y la acción delincuencial de varios funcionarios en el Gobierno de Martinelli.

Sin embargo, el nuevo Gobierno ha entrado con mucha tibieza. En ello influye grandemente la Embajada gringa, que sabe que destapar semejante olla de grillos podría generar un clima de inestabilidad y envolver en el torbellino de la corrupción a todos sus aliados de los distintos partidos, como denotó la distribución de las partidas circuitales del PAN.

En ello entran también los últimos indultos dados por Martinelli antes de su rauda partida al PARLACEN a buscar inmunidad. Existen indicios de que por indultos que beneficiaron a sicarios, secuestradores, narcos y delincuentes de alta peligrosidad, se pagaron fuertes sumas de dinero, algunas de ellas recolectadas en las mismas cárceles.

Los indultos también favorecen a militares y policías asesinos y violadores de los derechos humanos.  Los responsables de los asesinatos de obreros como Al Iromi Smith, y de la represión y masacres en Changuinola, Colón, San Félix y David. Los culpables de atrocidades tales como haber quemado vivos a cinco jóvenes del Centro de Cumplimiento de Tocumen. O los envueltos en asesinatos como los de los jóvenes pescadores o los niños indostanes. O los envueltos en atentados contra ciudadanos, como el sufrido por el compañero Genaro López y su familia.

Muchos panameños, incluso de las mismas bases del panameñismo, aguardaban que estos decretos de Martinelli se revocaría tan pronto Varela asumiera el cargo como presidente, pero no ha sido así. Estos indultos se mantienen en firme.

Lo que sí hizo de inmediato Varela fue derogar el decreto que indemnizaba a los empleados públicos que fueran destituidos, preámbulo de los despidos masivos en el sector público como parte de la anunciada política de control del gasto público a la que ha recurrido el nuevo Gobierno, dada la crisis fiscal y presupuestaria que se ahonda.

Con todo esto, es de esperarse un período de mucha inestabilidad, aún cuando la opinión pública, influenciada por los medios, cede un espacio de tregua durante los primeros meses del nuevo Gobierno. Al parecer, Varela, para poder gobernar necesitará mucho más que el agua bendita con la que algunos ministros y funcionarios han entrado a sus nuevas oficinas en compañía de sacerdotes.

Constituyente paralela

Ante la crisis institucional que se profundizó bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, sectores de la clase dominante apuestan por una Constituyente Paralela como salida a un sistema en acelerado estado de descomposición.

Es decir, un nuevo pacto de la Partidocracia que les permita, mediante el llamado rejuego democrático, la alternancia en el poder con reformas constitucionales al estilo de las aprobadas en 1994.  Se trata de cambiar algo para que todo siga igual, pero además aprovechar para profundizar algunas medidas antipopulares dentro del esquema neoliberal, especialmente en el ámbito de las privatizaciones.

Varela, ante la desventaja que supone no contar con una mayoría propia en la Asamblea Nacional de Diputados, lo cual lo obliga a negociar y ceder a intereses del PRD y hasta de Cambio Democrático, intenta vender la Constituyente Paralela como una posibilidad de variar la correlación de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia (bajo control de Martinelli) y deshacerse de algunos altos funcionarios, como el actual fiscal electoral. Pero ello no es posible a la luz del contenido de la Constitución actual, pues las reformas que se introducirían no tienen carácter retroactivo, con lo cual el gatopardismo sería la única salida: cambiar algo para que todo siga igual.

Varela ha buscado acercamientos con elementos del Frente Guacho, para hacerse de una fórmula o mecanismo que le permita actuar sin mayores ataduras con el PRD (un partido envuelto en pugnas intestinas) o con el actual oficialismo (dadas sus graves diferencias). También ha abierto espacios políticos en el gobierno y ofrece mesas de diálogo a sectores de la llamada sociedad civil en busca de neutralizar a determinados actores, crear confusión y aislar a grupos populares y gremiales.

Se busca utilizar la norma contemplada en la Constitución que consiste en la recolección del 20 % de las firmas del padrón electoral para convocar elecciones y escoger unos 60 constituyentes a través de un reglamento que debe aprobar el Tribunal Electoral. Se busca así que el Frente Guacho, mediante la representación de organizaciones de la sociedad civil, pueda aportar al listado varios de los posibles constituyentes.

Varela, que ha anunciado el inicio de este proceso para el próximo año (2015), expresó como base para esta convocatoria los puntos de supuestos acuerdos con el Frente Guacho que, siendo Vicepresidente del Gobierno pasado, llegó a convocar tras la expulsión de su partido de la alianza con Martinelli y luego de la reunión que sostuvo con el nuevo embajador gringo llegado en ese entonces a Panamá, Jonathan Farrar.

En ese sentido, se enmarcan las posiciones ambiguas, vacilantes, de loas al presidente electo, de algunos grupos y personajes supuestamente de izquierda o del llamado campo popular o sociedad civil, que buscan justificar la posición que asumirán en la ejecución de este plan, incluida la posibilidad de algunas designaciones en el nuevo Gobierno como ha ocurrido con miembros de la CGTP y otros ambientalistas. De hecho, entre estos grupos, elementos afines al PRD dentro de la llamada Coordinadora Indígena ocupan posiciones claves en la Comarca Ngäbe Buglé como parte de los acuerdos de gobernabilidad PRD-Panameñistas.

Son los mismos que tildan al nuevo Gobierno de cristiano progresista a pesar de estar controlado por el Opus Dei, y que ven en la figura de Ana Matilde Gómez a la nueva Doncella de Orleáns que los puede conducir a las grandes batallas, olvidando los intereses que representa (Motta) y el papel desempeñado como procuradora en la persecución de dirigentes populares, donde se comportó como encubridora y apoyó la impunidad en casos como el asesinato de obreros, la estafa de la Ley Banistmo, las muertes por envenenamiento con dietilenglycol, las del bus incendiado, las famosas actas del Canal, casos CEMIS, Murcia, entre otros.

Son estos mismos grupos los que alientan a algunos dirigentes gremiales y sindicales a frenar la lucha para darle un compás de espera al nuevo Gobierno, concederle el «beneficio de la duda» y buscar la conciliación de clases en determinados espacios de diálogo. Son los mismos que desde el Frente Guacho y en las elecciones prefirieron servir de furgón de cola a los grupos económicos dominantes. Son los mismos que, diciéndose de izquierda, se negaron a apoyar las candidaturas populares y obreras e ignoraron el gran esfuerzo que se realizó por dotar al pueblo de un instrumento político electoral como el FAD para irse a militar en favor de candidaturas burguesas o hacerles el juego a estas con su comportamiento divisionista.

Este es parte del contexto, marcado por la convocatoria de una constituyente paralela, en que se desenvolverá el accionar del movimiento popular en los primeros años de este gobierno. La desilusión de muchos llegará con la imposibilidad del Gobierno de contener el alto costo de la vida o de hacerle frente a los compromisos económicos adquiridos por él. Se tendrá que debatir acerca de la participación o no como fuerza política en este proceso de elección de constituyentes, para lo cual habrá que tener presentes objetivos trazados en las elecciones pasadas de denuncia al sistema, concienciación, organización de las masas y agitación social.

Pero, además, es ineludible reiterar nuestra propuesta de una Asamblea Constituyente Originaria como una salida real a la crisis, enmarcada dentro de una estrategia de poder popular y acumulación de fuerza revolucionaria donde el instrumento político electoral era y es un elemento táctico. Debemos insistir en que este planteamiento nada tiene que ver con quienes piden reformar la Constitución o hacer una Constituyente Paralela a fin de que la clase dominante recupere legitimidad y haga gobernable el sistema imperante. Tampoco se trata de convencer a los actuales gobernantes de que convoquen a una Constituyente, menos aún bajo las reglas prevalecientes del sistema electoral panameño que acabamos de vivir.

«Lo que estamos planteando es la importancia de hacer conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de un cambio político drástico. Este cambio lo podremos lograr si el pueblo cobra conciencia y lucha sobre la base de las premisas de que como soberano es la única fuente legítima de derecho y que por tanto todo dictamen del pueblo es legal, de que manifestando la voluntad suprema y directa de la población puede darse su propia normativa jurídica y de que haciendo uso de su Poder Constituyente para recrear el Estado, puede convocar a una Asamblea Constituyente Originaria y Soberana, con Plenos Poderes para barrer con la podredumbre moral existente en los órganos de poder e instituciones de un Estado degenerado, acabar con la impunidad, recuperar los fondos y bienes robados al Estado y castigar a los corruptos y corruptores. Por esta vía se podrá entonces acabar con la «partidocracia» neoliberal, mafiosa y vendepatria, convocar a elecciones verdaderamente libres y democráticas bajo el principio de un hombre un voto y con el derecho de los ciudadanos (no de los partidos políticos) a revocar el mandato de todos los cargos públicos de elección popular, si así lo estiman conveniente sus electores”. (I Congreso Nacional de FRENADESO, 22 de abril de 2007).

El movimiento popular y sus tareas inmediatas

 

La discusión actual en el seno de la izquierda y del movimiento popular sigue dominada por el tema electoral. El tratamiento que en ese debate dan algunos al FAD es como si este instrumento se hubiese concebido como un fin en si mismo y no como un elemento táctico dentro de una línea estratégica de construcción de poder popular. Para otros, los resultados representan algo así como el fin de la historia, muy lejos de la realidad y de la potencialidad de las fuerzas que han participado de las más importantes gestas de los últimos tiempos.

Es importante debatir el tema para así definir nuestro quehacer futuro en esta materia, pero la discusión debe establecer si a la luz de la situación actual o de las circunstancias futuras sigue siendo válida esta propuesta dentro de esa estrategia de construir poder popular. Si es así, entonces hemos de determinar qué debemos cambiar para seguir llenando ese espacio que estuvo vacío por décadas y acumular realmente fuerza social; cómo podemos aprovechar los importantes espacios y relaciones abiertos en esa dirección, cómo debemos impulsar una política de alianzas que permita sumar a otros sectores democráticos y progresistas; cómo crear estructuras organizativas con independencia de clase que afiancen la lucha del pueblo.

Este debate sobre la experiencia electoral debe saldarse prontamente, pero no nos debe llevar a descuidar la lucha del pueblo en las calles ante el nuevo escenario que se abre. Ello conlleva el fortalecimiento de las organizaciones populares, sindicales y gremiales; desarrollar cabildos abiertos, crear comités de lucha, impulsar una política agresiva de formación de cuadros y tareas de educación de masas, fortalecer la capacidad de autogestión de las organizaciones populares y desarrollar campañas de agitación y propaganda que contribuyan a esclarecer y concientizar al pueblo.

Hay que reanimar el movimiento de masas tomando en cuenta que ello pasa por recuperar espacios perdidos y fortalecer otros. El movimiento social debe ser reactivado, al igual que sus estructuras y comisiones a nivel nacional, como una necesidad para hacerle frente a las luchas presentes y futuras y conducir el descontento popular que pronto crecerá.

Los resultados electorales pusieron en evidencia los bajos niveles de organización y conciencia de los sectores populares (condiciones subjetivas), en un país marcado por una desigualdad social entre las peores del continente.

Revelaron nuestras propias limitaciones, que sabremos superar aprendiendo de la experiencia y haciendo uso constructivo, correcto y oportuno de la crítica y la autocrítica.

La formación económica y social panameña ha propiciado que exista una sociedad con niveles ideológicos sumamente atrasados, con una clase dominante parasitaria, dependiente en extremo de los designios de Washington, y donde los grandes capitales, sus medios de comunicación, la educación degenerada y el fanatismo religioso ejercen todavía gran influencia y capacidad de manipulación sobre la población, erosionando grandemente la moral y la autoestima del pueblo en un proceso enajenante y sistemático que viene desarrollándose incluso antes del surgimiento de la república tutelada.

Pero en ese devenir histórico se han producido inolvidables gestas de heroísmo y patriotismo que siguen inspirando a los luchadores sociales y a las que habrá que apelar hoy más que nunca.

Los patriotas y revolucionarios seguimos en desventaja. Esta correlación de fuerzas puede superarse con la lucha decidida, con el combate sin tregua, sin conciliábulos de ningún tipo con los enemigos del pueblo, elevando los niveles de organización y concienciación de las masas y ampliando las alianzas con otros sectores víctimas también del sistema imperante, excluidos por diversas razones de discriminación o truncados en sus capacidades creativas. 

La continuidad o no, la validez o no del instrumento político electoral,  dependerá del análisis de la realidad concreta, tomando en cuenta si se inserta o no dentro de la necesaria combinación de todas las formas de lucha posibles.

En el momento actual tenemos que propiciar debates en torno a los temas acuciantes, foros y encuentros a nivel nacional sobre la Constituyente Originaria contra la Constituyente Paralela, Reformas Electorales, el Canal y su futuro a propósito de sus 100 años, sobre la situación crítica de la Caja de Seguro Social, las próximas medidas y sus implicaciones para los trabajadores; el tema educativo, la salud, ambiente, el sector agropecuario y la libertad sindical, entre otros.

Dentro del debate de modelos alternativos es importante rescatar aspectos contenidos en el Plan de Gobierno del FAD en las pasadas elecciones que nos brindan aportes importantes en base a ejes fundamentales que constituyen banderas de lucha en este período.

Atender los temas que afectan directamente a los sectores populares, como el alto costo de la vida, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el tema del agua, recolección y disposición de basura, los proyectos hidroeléctricos, la interconexión con Colombia, los proyectos mineros y otros que atentan contra el ambiente y las comunidades campesinas e indígenas, los que el nuevo mandatario ha expresado su voluntad de continuar pese a la supuesta presencia de sectores ambientalistas en el Gobierno, muchos de ellos provenientes de fundaciones de empresarios, otras de origen norteamericano y de Programas de la USAID, quienes, a propósito de la crisis del agua en Azuero, han guardado silencio pese a su permanente presencia en los medios hasta hace poco.

Seguirán latentes en espera de solución por parte de la población, los temas de impunidad, entre ellos los indultos promulgados por Martinelli y las expectativas de que se haga justicia en el caso de los responsables del robo y la corrupción en el pasado Gobierno. Estos son elementos importantes dentro de la lucha por la defensa de los derechos humanos y el adecentamiento del país que, de no ser atendidos seriamente por Varela, se verá obligado a pagar un precio muy alto por ello.

Hay que observar cómo se recomponen las alianzas burguesas y cómo afrontan sus crisis internas los distintos partidos, enfrentados a una lucha intestina por el poder.

Hay que desenmascarar y denunciar el llamado Pacto de Gobernabilidad entre Panameñistas y PRD, y del que no escapan elementos de Cambio Democrático y los círculos cero financiadores de la campaña, que no es más que una concertación para repartirse el botín del Estado. El intento de los panameñistas y el PRD de quedarse con las curules vacantes de la Asamblea, obviando las reglas del juego actuales, es una demostración del pillaje con que se comportan los integrantes de este pacto.

En este último tema hay que observar la complicidad que muestran los magistrados del Tribunal Electoral, que hoy parecieran actuar al unísono con los principales actores de este pacto infame.

A nivel sindical, se debe estar muy alerta en cuanto a la promoción de nuevos sindicatos amarillos que hagan frente a los sectores de la corriente clasista.  Debemos igualmente insistir en el respeto al derecho de organización de los empleados públicos, trabajadores bancarios, Zona Libre, Canal, etc.

Es importante advertir sobre la falacia que representan los llamados espacios de diálogo que buscan distraer a los gremios y organizaciones populares y neutralizar sus acciones. Por ello, no se puede renunciar a la lucha ni aceptar que se atrasen aumentos salariales, como el caso de los educadores, en aras de concederle tiempo a un Gobierno que dice no contar con recursos para ello, mientras con cálculos politiqueros anuncia nuevas medidas populistas.

Especial importancia reviste en esta fase el trabajo hacia la juventud y los estudiantes.

Seguir impulsando la organización independiente de campesinos e indígenas, así como de las mujeres y profesionales.

El trabajo comunitario es fundamental y hacia allá debe canalizarse todo el esfuerzo desarrollado con el instrumento político electoral para lograr el saldo organizativo que el movimiento social se propuso con su creación.

Son tiempos para que el movimiento popular recomponga también sus fuerzas, prepararnos para las luchas que se avecinan, disponer el escenario de combate que nos encamine hacia los objetivos estratégicos; hasta romper de una vez por todas con este corral en el que la clase dominante ha convertido al país, tal como se demostró en las pasadas elecciones.

Panamá, agosto de 2014.

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE

LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES


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Enviado el Jueves, 07 agosto a las 18:59:59 por franckoi
 
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