SUNTRACS y CONUSI presentan denuncia ante la OIT por caso de obreros asesinados y violación de libertad sindical

Escuche grabación y lea informe sobre los obreros asesinados.

Los casos de los obreros del SUNTRACS Asesinados

Una Historia de complicidad y manipulación del

Ministerio Público y las Autoridades

El Gobierno patrocina y protege sicarios y sindicatos amarillos

¡Luchemos para que estos casos no queden impunes!

El siguiente informe da cuenta de la situación en que se encuentran los casos de nuestros compañeros asesinados: Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith.

El mismo es claro en ofrecer claramente cómo el Ministerio Público ha venido manipulando los casos, encubriendo a los verdaderos asesinos, para que finalmente no se haga Justicia.

Indica, asimismo, como la Policía Nacional protege a sus unidades envueltos en los asesinatos de Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith.

Todo esto forma parte de una larga cadena de hechos que concluyeron en estos asesinatos, los cuales fueron denunciados oportunamente por el SUNTRACS y dados a conocer en los medios de comunicación.

En su momento, se advirtió que varias empresas estaban contratando sicarios y fomentando sindicatos amarillos con la complicidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo, presidido por Reynaldo Rivera y Edwin Salamín (hoy Ministro de Trabajo).

Como una burla a la justicia y a la memoria de los mártires, el reconocido delincuente Rogelio Ramos, alias “Juana Peña” o “Wanapeña”, es candidato a diputado en el circuito 3.1 de Colón por el Partido Liberal, partido de la alianza que apoya a la candidata oficialista Balbina Herrera.  Con ello busca hacerse del fuero electoral para burlar las acusaciones en su contra.

Rogelio Ramos, es miembro del sindicato amarillo SINDICOPP, que preside Aniano Pinzón, ex candidato del PRD.  Este delincuente fue denunciado por Carlos Salazar y Rodolfo Stanziola, funcionarios de la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Trabajo, de amenazarlos de muerte el 18 de junio de 2007, durante una inspección que realizaron en el proyecto de la Autopista Panamá-Colón, que construye la empresa Odebrecht, frente a denuncias presentadas por el SUNTRACS de que se violaban los derechos de los trabajadores.

El 13 de agosto de 2007, por instrucciones del mismo Rogelio Ramos, son apuñaleados los dirigentes del SUNTRACS, David Niño y Ronald Adamson, cuando acudieron a atender reclamaciones de los trabajadores.

Al día siguiente, el 14 de agosto, azuzados por Rogelio Ramos, sicarios al servicio de Odebrecht, disparan contra un grupo de trabajadores del SUNTRACS, asesinando al compañero Osvaldo Lorenzo.

En un esfuerzo para que estos crímenes no queden impunes, los compañeros Saúl Méndez y Jaime Caballero, directivos del SUNTRACS y FRENADESO, han interpuesto denuncia contra el estado panameño, ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con sede en San José, Costa Rica, por su actitud cómplice ante estos crímenes y la constante violación a la libertad sindical y los derechos laborales.

Vale recordar que, recientemente, en sendos fallos, el estado panameño ha sido condenado como violador de los derechos humanos.

Rolando Mirones (Ex Director de la Policía Nacional), Daniel Delgado Diamante (Ex ministro de Gobierno y Justicia), Mayor Diego De León (Subcomisionado de la Policía en Colón cuando asesinaron a Al Iromi Smith), entre otros altos funcionarios que no han sido procesados a pesar de tener responsabilidad en estos crímenes..

Sin embargo, la misma procuradora, Ana Matilde Gómez, se confabuló con un maleante reconocido, Frederick Mayre, para abrirle un proceso al compañero Saúl Méndez, sobre la base de falsas y ridículas acusaciones.  De este proceso, armado al estilo del noriegato, el compañero Saúl resultó absuelto.

Las autoridades persisten en promover el sindicalismo amarillo y permitir a empresarios inescrupulosos, violentar los derechos laborales y contratar sicarios para enfrentar a los sindicatos que defienden a los trabajadores tal como viene denunciando el SUNTRACS.

A continuación el informe:

Caso Osvaldo Lorenzo

Obrero fallecido el 14 de agosto de 2007 en el área de Chilibre, frente a las instalaciones de la empresa ODEBRECHT que realiza los trabajos de la autopista Panamá-Colón.  A pesar de que desde el 11 de agosto se estaban denunciando abusos por parte de la empresa en abierta complicidad con el sindicato amarillo que la propia empresa patrocinaba y de agresiones en contra de periodistas y de obreros días antes de los hechos, la Policía Nacional no actuó y permitió que supuestos trabajadores contratados por la empresa usaran armas de fuego en contra de los miembros del SUNTRACS.

En este expediente hay 6 imputados entre ellos:

-                Un miembro de la empresa de seguridad que estaba en las instalaciones a quien le arrebataron su arma y tiene medida cautelar distinta a la detención,

-                BOYCE MATEWS estuvo detenido pero la Corte le cambió la medida de detención por reportes cada quince días,

-                Al igual que JORGE MORGAN MELCHOR al que también la Fiscalía Cuarta Superior mantuvo la detención por varios meses pero la Corte Suprema le cambió la medida a pesar de que lo que tenía que revisar era un habeas corpus (cuya naturaleza es declarar si la detención fue legal o no y no cambiar medidas cautelares);

-                ROGELIO RAMOS que está prófugo pues tiene órdenes de detención desde hace meses y la Policía Nacional no lo detiene, además de que a través de sus abogados ha interpuesto varias acciones de habeas corpus y solicitud de cambio de medida cautelar, una de estas solicitudes está por resolverse en el Segundo Tribunal Superior.

-                GUSTAVO ANEL SANTIMATEO, que está detenido, pero también se mantuvo por varios meses sin que hicieran efectiva la orden de detención

-                También esta detenido el imputado JULIO CORONADO que es el se menciona como el que disparó el arma en contra de OSVALDO LORENZO.

Desde que inició esta investigación se ha evidenciado el papel directo que la empresa ha tenido en la muerte de OSVALDO LORENZO, sin embargo a pesar de que nuestra querella también fue en contra de la empresa ODEBRECHT a los representantes de la misma se les trató sólo como testigos y no se le levantaron cargos, su participación fue directa:

1. El día de los hechos contrataron a personas de manera exclusiva para disparar en contra de los manifestantes, y ello es así porque el supuesto grupo de “seguridad patrimonial” como le llamaban al grupito de maleantes contratados ninguno estaba ejerciendo ninguna labor dentro del proyecto, sólo seguían directrices de Rogelio Ramos sin embargo la empresa los protege
2. Se escondieron y manipularon las armas dentro de las instalaciones de la empresa, a la cual la Policía Nacional entró mucho tiempo después cuando borraron varias evidencias del delito
3. Sacaron a varios de ellos en los carros de la empresa antes de que el Ministerio Público entrara a la empresa el día de los hechos
4. Todos los esfuerzos de la empresa han sido encaminadas a evadir la responsabilidad de los señores imputados, sin embargo a los representantes de la empresa no se le investiga en este caso,
5. Se verificó que a todos los trabajadores se les obligaba a afiliarse al SINTICOP de ROGELIO RAMOS, por lo que la protesta sí estaba justificada, y mayor detalle lo da CARLOS COLINDRE en declaración dentro de este expediente el cual fue herido ese mismo día de los hechos; además de que ellos protegieron a ROGELIO RAMOS, como lo hacen en la actualidad que está prófugo.
6. En las instalaciones de ODEBRECTH golpearon hasta un periodista para que días antes no presentara la situación real de abuso que se daba contra los trabajadores y de obreros heridos, sin embargo nada de ello sirvió de antecedente para que el Ministerio Público le levantara cargos.

En la actualidad este proceso está en el Segundo Tribunal Superior en espera de que se resuelvan solicitudes de los abogados de los imputados ROGELIO RAMOS y GUSTAVO SANTIMATEO y de que se dicte Auto Encausatorio pedido contra los 6 imputados y se fije la fecha de audiencia.

Caso LUIYI ARGUELLES

Este es el obrero que muere a causa de disparo por parte de un Sargento de la Policía Nacional en La Isla Viveros (Archipiélago de Las Perlas) el 16 de agosto de 2007.

A pesar de que presentamos querella en contra del Director de la Policía Nacional. ha existido por parte de la Policía Nacional y con complicidad del Ministerio Público, evidencias de manipulación de pruebas y violaciones al debido proceso, además de negativas evidentes a la parte querellante:

1. Antes de llegar a la escena la Policía Nacional manipuló el área incluyendo el arma que disparó a ARGUELLES, y de ello presentamos denuncia pero el Ministerio Público a través del Fiscal Auxiliar nunca investigó.
2.   Se presentó querella en contra de los miembros específicos de la Policía Nacional y también del Director de la Policía por las actuaciones de declaraciones y órdenes que se dieron en este caso específico sin embargo el Ministerio Público (la Procuraduría), en primera instancia desestimó la querella en contra del entonces Director de la Policía y también negó el derecho del SUNTRACS como organización querellante por considerar que el delito de Homicidio no permite que sea querellado por una organización sino solamente por los familiares del occiso, tesis que fue contrariada por uno de los tres Magistrados del Segundo Tribunal Superior pero que en efecto se ha apelado ante la Corte, Sala Penal, en virtud de que Luiyi Arguelles era miembro del SUNTRACS y los hechos se dieron en ataque de la Policía Nacional en contra de la organización.
3. Desde el inicio de las investigaciones se denuncia que el que disparó contra ARGUELLES fue el Sargento MORENO, pero dentro de la Policía Nacional existió tal manipulación de este expediente que incluso se trata de encasillar al Cabo GARAY como responsable del disparo, a pesar de que ello no tenía coincidencia con lo declarado por los testigos, sin embargo el Ministerio Público solo se limita a mantener la tesis de que fue el Sargento Moreno quien disparó, pero no abre una investigación para que dentro de la Policía Nacional se ventile qué presiones existieron para encubrir al sargento Moreno y por qué.
4. La Fiscalía Cuarta Superior cierra estas investigaciones con la Vista Fiscal en la cual se pide el Llamamiento a Juicio del Sargento Moreno, sin embargo al cabo Garay solicitan un sobreseimiento cuando lo que procede es abrirle causa penal por encubrir un homicidio. Además se está solicitando que se compulsen copias para investigar a las autoridades de la Isla y del servicio marítimo por las actuaciones en los hechos.
5. Para la fecha de la reconstrucción de los hechos la Policía Nacional utilizó los recursos del estado para transportar al abogado privado de uno de los imputados desplegó todo un personal solo en apoyo de los dos imputados, que debían ser tratados igual que cualquier caso de Homicidio.
6. Varios miembros de la Policía Nacional han mentido descaradamente en este expediente, como el caso no solo del disparo que todos los agentes de la Policía señalaban al cabo y no al sargento, sino también en acusar a los miembros del SUNTRACS de que tenían todo tipo de armas (cuchillos hachas, machetes, palos), sin embargo la obligación de estos Policías era levantar un informe de estas supuestas armas y presentarlas al expediente como evidencia pero no lo hicieron porque no existieron, sin embargo sí declararon bajo juramento estas mentiras. Lo dicho por el propio Cabo GARAY, cuando dice que disparó con un arma del cabo Hedman, una escopeta calibre 12 y no con su arma de reglamento, un fusil M-16, ameritaba una investigación.
7. Actualmente este proceso se encuentra en el Segundo Tribunal Superior en espera de que se califique, es decir que se acoja o no las solicitudes hechas por la Fiscalía Cuarta Superior, de las cuales nosotros como querellantes estamos planteando nuestra oposición a la Vista Fiscal de manera parcial por considerar que la situación del Sargento Garay debe ser otra. Luego que el Tribunal decida y dicte el Auto Encausatorio y fije fecha de audiencia; por ahora hay dos imputados.

Caso Al Iromi Smith

Este expediente aún está en las instancias del Ministerio Público, en la Fiscalía Tercera Superior, ya están próximos a enviar el expediente al  Segundo Tribunal Superior para que fijen fecha de audiencia.

Hay dos imputados que son miembros de la Policía Nacional, uno de los cuales tiene medida de detención pero en las propias instalaciones de la Policía Nacional.

Ha existido también en este expediente, manipulación y utilización de los recursos de la Policía Nacional para favorecer a los imputados.

Es el caso del simulacro de reconstrucción que realizaron días antes en el lugar de los hechos con los dos policías imputados y sin autorización de la Fiscalía a cargo, en el cual se dejó salir sin autorización al detenido, con la sola intención de “prepararlos”  para que su versión en el acto de reconstrucción fuera convincente y sin equívocos. De esto solicitamos una investigación del cual no hay nadie sancionado de la Policía Nacional ni de la defensa, a pesar de que la Fiscalía Tercera Superior a cargo, debía estar al tanto de esto y no lo estaba y que se utilizó todo el equipo de la Policía Nacional para favorecer a los imputados.

Después de la reconstrucción ya los peritos presentaron sus informes y están a la espera de los informes de planimetría para enviarlo al Segundo Tribunal Superior.

Suntracs

Sindicato unico nacional de trabajadores de

la industria de la construccion y similares

Miembro de:

Frenadeso

Frente nacional por la defensa de los derechos economicos y sociales