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Así quedaron los aspectos más controversiales de la Ley Chorizo (Cuadro comparativo en pdf)
Baje aquí Palabra Pública 6 con el Cuadro Comparativo de los artículos más controversiales que habían en la Ley 30. Lunes 18 de oct., 3:00 p.m., Asamblea de Diputados. Que se respete lo acordado.






Baje aquí Palabra Pública 6

El 7 de junio de 2010, en un recinto legislativo vacío, José Raúl Mulino, en ese entonces Ministro de Gobierno, presentó un supuesto anteproyecto de Ley sobre la Aviación Comercial. Actuando como un estafador en representación del Gobierno de Ricardo Martinelli, el Ministro Mulino, en la exposición de motivos, sólo habló del contenido que se refería al tema de la aviación. Le ocultó al país que lo que ese día presentaba a la Asamblea Nacional de Diputados era una aberración jurídica sin precedentes. Los diputados, incondicionales a Martinelli, aprobaron en sólo tres días lo que se conoció luego como la Ley 30, que modificaba 3 Códigos y 6 leyes nacionales, abarcando temas tan sensitivos como el laboral, ambiental y de derechos humanos.

El pasado 11 de octubre, en condiciones distintas, José Raúl Mulino y otros miembros del Consejo de Gabinete, presentaron 6 anteproyectos de leyes con lo cual se deroga la repudiada Ley 30 que el pueblo bautizó como la Ley Chorizo.

Antes debieron morir un número aún indeterminado de bocatoreños, otros quedaron heridos y ciegos total o parcialmente, cientos fueron detenidos por la policía sometidos a crueles vejámenes e injurias. Este descomunal atropello de la Policía es conocido como la Masacre de Bocas del Toro, hecho que fue condenado por el mundo. Hubo huelgas, grandes manifestaciones a nivel nacional, protestas y denuncias a nivel internacional, lo que obligó al Gobierno a convocar una mesa de diálogo que de partida representaba una evidente desventaja para las organizaciones sindicales y populares allí representadas, toda vez que empresarios y delegados de Gobierno estaban en mayoría.

En esas difíciles condiciones, que incluyó una feroz persecución contra luchadores sociales, particulamente de FRENADESO, los representantes sindicales y populares dieron la pelea. Con una gran capacidad de negociación y fortalecidos por las acciones de masa que de manera paralela se desarrollaron, nuestros representantes lograron finalmente un acuerdo que en la práctica deroga la repudiada ley.

Obvio es que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos. El logro pleno de los anhelos de los trabajadores forman parte del largo proceso de lucha en que nos hayamos comprometidos. Sin embargo, siempre se actuó en defensa de los sagrados intereses del pueblo y los trabajadores, teniendo presente el gran sacrificio de los mártires de Bocas del Toro, el objetivo de derogar la Ley Chorizo y restituir los derechos del pueblo y los trabajadores.

En un acto de desprendimiento, la dirigencia sindical y popular propuso que, antes de lo laboral, se discutieran otros temas, permitiendo la participación de ambientalistas, sectores de la sociedad civil y profesionales del derecho, cuyos valiosos aportes fueron determinantes.

Hoy, se han logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30.

Se recuperaron los Estudios de Impacto Ambiental y se avanzó en el tema de ir perfeccionando las Guías sobre las Buenas Prácticas Ambientales, donde el sector ambientalista de nuestro país jugó un papel determinante. Se revirtieron algunas medidas que atentaban contra los derechos humanos.

Pero el gobierno, como ya es usual, volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental consensuado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. CONUSI no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30.

Pero la lucha contra la impunidad debe ser permanente y no descansaremos hasta ver que se haga verdadera Justicia para los mártires y víctimas de la Masacre de Bocas del Toro y del pueblo panameño. Los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como José Raúl Mulino, Gustavo Pérez, Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos.
Palabra Pública, en edición especial, ofrece a ustedes los resultados de la mesa sobre la Ley 30, en los aspectos más sensitivos, de manera tal de evitar confusiones y como un acto de reconocimiento al esfuerzo desplegado por la dirigencia sindical y popular.

Debemos estar vigilantes para que estos resultados se cumplan y aprender la lección de Changuinola, que sólo la lucha decidida del pueblo en las calles, los sacrificios, la fimeza, la unidad y la solidaridad internacional, como factores que se conjugan, hacen posible cristalizar las justas aspiraciones populares.

La derogación de la Ley 30 es un acto de desagravio al pueblo bocatoreño y honra la memoria de sus mártires.

Hoy, con la derogación de la Ley 30, José Raúl Mulino, debiera presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad. Definitivamente no la tiene.

Enviado el Lunes, 18 octubre a las 09:24:21 por franckoi
 
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